La Central Obrera Boliviana (COB) se declaró este martes en estado de emergencia y anunció que hará seguimiento al accionar de la alianza de los “evistas” con las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) en la preselección de los candidatos judiciales, para evitar cualquier intento de cuoteo.

Durante el acto de promulgación de la Ley “Transitoria para las Elecciones Judiciales” en Casa Grande del Pueblo, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, afirmó que los trabajadores “harán seguimiento de toda la preselección de los candidatos para las elecciones judiciales” con el fin de impedir que los partidos políticos se “cuoteen” espacios en el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

Ahora está en manos del Legislativo la preselección y selección de los candidatos que terciarán en las elecciones judiciales. La ley regula este proceso, donde prioriza la meritocracia y fija 230 días para culminar este proceso con nuevas autoridades judiciales.

“Empezamos con una nueva tarea, siempre hemos estado en estado de emergencia, vamos a seguir en emergencia, porque no termina aquí (con la promulgación), inclusive, algunos legisladores anticipaban que la gestión 2024 va a ser una gestión negra, con muertos, con todo, y creo que se está viniendo todo, ya ha empezado, no es casual que hayan firmado ese acuerdo y hayan pactado con la derecha el año pasado”, advirtió.

Huarachi aludió de forma puntual al pacto que los senadores “evistas” y los opositores de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos firmaron en noviembre de 2023 para que el senador Andrónico Rodríguez sea reelecto por cuarta vez consecutivo Presidente del Senado.

El presidente Luis Arce también demandó a los legisladores renovadores estar atentos para evitar el cuoteo de los cargos judiciales con fines personales, en alusión a Evo Morales, quien fue afectado por un fallo constitucional en su afán de volver a postular a la Presidencia.

De hecho, los “evistas” y opositores volvieron a sintonizar en estos días de bloqueo, que se inició el 22 de enero y se prolongó hasta este martes 6 de febrero, al responsabilizar al gobierno por las fallidas elecciones judiciales en 2023, cuando fueron ellos los que impulsaron normas de preselección de candidatos declaradas inconstitucionales.

El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jauregui, recordó cómo los legisladores evistas y los opositores pretendieron que Diputados trate y apruebe una ley aprobada en el Senado y que no resistió el control de constitucionalidad.

Con la ley, que dista de la aprobada por los “evistas” y opositores, se garantizó el proceso de postulación y preselección de postulantes en un plazo de hasta 80 días calendario y de hasta 150 días calendario para la organización y realización de la elección.

Adecuada a la declaración constitucional 0049/2023, la propuesta pone a la meritocracia como un elemento central para la preselección de los candidatos judiciales con la finalidad de contar con los mejores profesionales.

Hasta 30 puntos se calificará las maestrías, hasta 40 los doctorados, la experiencia profesional y otros aspectos tendrán una valoración que sumados llegarán a 200 puntos.

A diferencia de las dos anteriores elecciones judiciales, la ley incorpora a las organizaciones sociales para que participen como veedoras o fiscalizadoras en la fase de preselección.

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Lucio Quispe, coincidió con Huaracho y aseguró que las organizaciones sociales harán seguimiento al trabajo de la Asamblea Legislativa.

Dijo que fueron “pocos” los que convulsionaron el país con el bloqueo de caminos durante 16 días, y que dejaron pérdidas económicas por $us 1.000 millones

“Aquí están las verdades autoridades elegidas en congresos, no aquellos que se han posesionado en la calle haciendo confundir a la población”, afirmó al aludir a los dirigentes “evistas” que conformaron su propio Pacto de Unidad.

Antes, el Rolando Flores, de la Empresa Minera Caracoles, demandó un juicio en contra de los impulsores de las medidas de presión que dejaron muertos y más de 70 policías heridos.

“Los evistas son los directos responsables, y que caiga todo el peso de la ley”, demandó.