Alberto Acosta, de la comisión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza que visitó Bolivia en agosto de este año, entregó a la embajada de Bolivia en Quito, Ecuador, un cuestionario de solicitud de información.

La comisión del tribunal, en la reunión con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, el 20 de agosto, acordó enviar por escrito las preguntas.

El cuestionario tiene 30 interrogantes: cinco, sobre estudios de evaluación de impacto ambiental; tres de deforestación; seis a cultivos de coca; dos sobre población indígena; cinco sobre consulta para el consentimiento libre previo e informado e intangibilidad; dos sobre el caso Chaparina; uno sobre concesiones de exploración petrolera; y seis sobre impactos de una futura vía y derechos de la Madre Tierra.

El 16 de agosto, con la entrada a Beni, varias comunidades llegaron a la localidad de Trinidadcito para recibir a la misión del Tribunal, conformado por Alberto Acosta, Shannon Biggs y Enrique Viale.

El grupo de ambientalistas llegó hasta el Tipnis para constatar las denuncias que recibieron en 2017, pero no pudo ingresar al Polígono 7 habitado por colonizadores.

Sobre el caso Chaparina, el Tribunal preguntó si tras siete años de indagación ya existen “los autores intelectuales y materiales de la represión policial a los marchistas de la octava marcha indígena del 25 de septiembre de 2011”.