El Gobierno nacional, a través de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, demandó celeridad y voluntad política a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para encarar la preselección de los postulantes a las elecciones judiciales, luego de tres procesos fallidos.

“Es la Asamblea Legislativa la que tiene que avanzar con celeridad en este tema, y no dejemos un espacio que está siendo cuestionado. No está en manos del Ejecutivo llevar adelante la preselección de candidatos, existe Constitución, normativa y reglamento y, bajo ese marco, es que se debió, en su momento, con el debido tiempo, llevar adelante estos procesos”, indicó.

De acuerdo con la viceministra, “se necesita voluntad política para que se pueda elegir a los mejores ciudadanos bolivianos como precandidatos” en las elecciones judiciales que deben realizarse en el marco de la Constitución.

Ese proceso electoral debía celebrarse este año para que las nuevas autoridades asuman en enero de 2024; sin embargo, dos tareas de preselección fueron suspendidas y un tercero, impulsado por una ley, fue truncado por sus vicios de inconstitucionalidad.

La primera suspensión se dio el 12 de abril, por decisión de un fallo de la Sala Constitucional Primera del Beni, a demanda del abogado Miguel Ángel Balcázar, quien observó el requisito de no emitir comentarios políticos en medios de comunicación o de manera pública, observación que fue aceptada por la Comisión Mixta de Constitución, que aprobó un nuevo reglamento y convocatoria para reanudar el trabajo.

Sin embargo, el 28 de abril, por mandato del auto constitucional 0186/2023, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) suspendió por segunda vez el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales, luego de admitir una acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el diputado de Creemos Leonardo Ayala.

Ayala demandó la “inconstitucionalidad” de la Resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional 007/2022-2023, de 20 de abril de 2023, por “ser presuntamente contraria a los artículos 1, 7, 11.I, 109.II, 144.II.1 y 2, 145 y 410.I y II de la Constitución Política del Estado, y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Acogiendo la petición del diputado opositor, el 31 de julio, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional el reglamento y la convocatoria aprobadas por la Asamblea Legislativa para realizar la preselección de los aspirantes a las elecciones judiciales, y determinó que se apruebe por dos tercios de voto la próxima ley y todos los pasos legislativos siguientes para elegir candidatos judiciales.

Así, fruto de la alianza de los senadores “evistas” con los opositores de Creemos y Comunidad Ciudadana, se aprobó con dos tercios el Proyecto de Ley C.S. N° 144/2022-2023, denominado “Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024”.

No obstante, el proyecto fue declarado inconstitucional por el TCP el 11 de diciembre, a través de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023.

Al momento de dar a conocer la sentencia, los magistrados también determinaron “la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades, fruto de la preselección desarrollada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y del proceso electoral llevado a cabo por el Órgano Electoral Plurinacional; conforme al marco contenido en la Constitución Política del Estado y conforme a lo razonado en la presente Declaración Constitucional Plurinacional”.

En esa línea, exhortaron a la “Asamblea Legislativa Plurinacional, cumplir sus funciones y atribuciones constitucionales en cuanto a la preselección de las candidatas y los candidatos a los altos cargos del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, de manera inmediata por el carácter excepcional y temporal ya establecido”.

Desde el Senado se respondió con la aprobación de tres proyectos de ley: uno que declara la “nulidad de pleno derecho” de la prórroga del mandato de los magistrados y consejeros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Órgano Judicial, y ratificó para el 2 de enero de 2024 la conclusión de sus funciones; otro suspende los “plazos procesales” y garantiza la continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, y el tercero referido a modificaciones a la Ley de Juicio de Responsabilidades (Ley N° 044) y a la Ley N° 612”.

“Está en la cancha de la Asamblea Legislativa que se pueda llevar (la preselección y elección) con esa prioridad, con esos dos tercios que se mencionan”, insistió la viceministra.

En las elecciones judiciales, los bolivianos deben elegir 26 autoridades: 9 magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional: 9 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; 5 magistrados del Tribunal Agroambiental y tres consejeros del Consejo de la Magistratura.

La primera elección judicial se realizó el 2011 y la segunda, el 2017.