El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Jaimes, planteó este lunes una reforma constitucional para que la población decida si se mantiene o no el voto popular para las elecciones judiciales en el país.

“ La población, si acaso ve en las elecciones judiciales demasiada dificultad política por la extrema politización de estas elecciones con miras a las elecciones presidenciales, plantee y debata una reforma constitucional para que sea la población la que decida si continúa el voto popular o acaso se dé el mecanismo empleado por los diferentes países para la designación de altas autoridades judiciales”,  señaló Jaimes en la presentación de agenda de actividades del Bicentenario en la histórica Casa de la Libertad de Chuquisaca.

Por otro lado, Jaimes afirmó que “Chuquisaca no puede perder la trascendencia de ser sede del Órgano Judicial”, pero afirmó que debe ser una sede “funcionando” y con magistrados resolviendo causas y con independencia.

“Los jueces hablan con sus fallos, más allá de los criterios políticos que estigmatizan la labor de todo un sistema u órgano es importante remarcar que tenemos magistrados y jueces que vienen trabajando con la convicción de servicio”, acotó.

El 30 de abril, la Sala Constitucional de Pando, compuesta por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán, dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes en la Asamblea al dar curso al amparo planteado por Yeri Duri Bautista, presidenta de la Central Indígena de Mujeres Amazónicas de Pando, quien denunció que la convocatoria de preselección no garantiza los derechos de las mujeres originarias.

En la parte resolutiva de este documento se especifica que “se deja sin efecto el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales y la inaplicabilidad de la Ley 1549 y el reglamento de preselección (...), disponiendo que se procesa a realizar uno nuevo en base a normas que respeten la igualdad material de las personas”.

La suspensión del proceso de preselección de cara a las elecciones judiciales se dio cuando se encontraba en la etapa de evaluaciones, la última antes que la lista de habilitados pase al pleno de la ALP para que se elija a los candidatos que irían a votación popular.

El jueves, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala arci´sta en la Cámara de Diputados solicitaron al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una medida cautelar que permita la continuidad de la preselección.

Al respecto, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, afirmó que los fallos emitidos por vocales de las Salas Constitucionales que fueron designados por los magistrados prorrogados son “nulos de propio derecho” y, por ello, llamó a desacatar la decisión judicial que ordenó suspender el proceso de las elecciones judiciales y que ésta vuelva a foja cero.

En ese sentido, Rodríguez sugirió que la Asamblea Legislativa apruebe una Ley Corta para ajustar los plazos en el proceso de preselección de candidatos. Adelantó que también se pedirá una reunión con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para  conocer su posición respecto a los plazos que podría haber para garantizar las elecciones judiciales.

En esa misma línea, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas, informó que esa instancia definió pasar un informe al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, respecto al trabajo que se desarrolló hasta ahora para la preselección de candidatos de cara a las elecciones judiciales y afirmó que debe ser el pleno de la ALP el que defina el rumbo de los comicios, después de que el proceso sea anulado por una Sala Constitucional de Pando.

Rejas  afirmó que “no todo está perdido” y se tiene tres opciones de cara al futuro de las elecciones judiciales: el primero es no acatar el fallo judicial, el segundo sí hacerlo y paralizar el proceso y el tercero aprobar una Ley Corta que permita seguir el proceso.

“Hemos definido enviar un informe para que en la Asamblea se decida si paralizar, continuar o hacer una Ley Corta”, aseveró.