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Medio: ABI
Fecha de la publicación: viernes 28 de abril de 2023
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
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El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este viernes que la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de suspender de forma provisional el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales, se constituye en una oportunidad para concretar un Gran Acuerdo Nacional por la transformación de la justicia.
“Yo veo esta decisión del Tribunal Constitucional como una oportunidad para lograr consensos necesarios y garantizarle al pueblo boliviano una adecuada transformación de la justicia”, indicó Lima en declaraciones a la prensa en puertas del histórico Palacio Quemado.
El jueves, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió suspender de forma provisional el proceso de preselección de candidatos para la conformación, en elecciones, del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, luego de admitir una acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el diputado de Creemos, Leonardo Ayala, quien pidió que se apruebe una ley para realizar esta labor.
Ayala demandó la “inconstitucionalidad” de la Resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional 007/2022-2023 de 20 de abril de 2023 por “ser presuntamente contraria a los artículos 1, 7, 11.I, 109.II, 144.II.1 y 2, 145 y 410.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE) y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
En su acción de inconstitucionalidad abstracta, presentada el 24 de abril, el diputado señala que no correspondía la aprobación de una resolución para realizar esta labor, sino una ley, como sucedió el año 2017, con la Ley 960, Transitoria para el proceso de preselección y selección de máximas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia y Consejo de la Magistratura.
En ese sentido, el legislador solicita al TCP “se disponga: a) La inconstitucionalidad e inconvencionalidad por la forma de la R.A.L.P 007/2022-2023 de 20 de abril de 2023 y por conexitud” del Reglamento y la Convocatoria de Preselección de Candidatas y Candidatos para la Conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura (2023) y “b) se ordene a la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación y sanción de una ley en sentido formal y material que regule el proceso de preselección” de candidatos conforme a las previsiones de la Constitución y el marco convencional”.
De acuerdo con Lima, el amparo “tiene que ver con un principio democrático de los dos tercios” en el Legislativo, para garantizar al pueblo boliviano magistrados y consejeros idóneos.
“Pero – dijo - principalmente con un acuerdo político, una reforma judicial solo puede darse en consenso de todos los actores políticos”, aseveró.
“Le planteo un desafío a la clase política boliviana: pongámonos de acuerdo, sentémonos en una mesa. Esta propuesta que nos está haciendo esta acción constitucional es claramente una propuesta de diálogo, de consenso que debe darse en el marco de los dos tercios de votos de la Asamblea”, planteó el ministro.
Argumentó que la “trasformación (de la justicia) tiene que ser realizada en el marco de los dos tercios y solamente se puede lograr dos tercios con un Gran Acuerdo Nacional, en el que todas las fuerzas políticas garanticemos al país elegir a los mejores bolivianos”.
Dijo que este diálogo tiene que ser abierto para responder “la necesidad del pueblo boliviano de una correcta administración de justicia y los mejores bolivianos dirigiendo los tribunales”.Ése es “el escenario en el que vamos a asumir este gran debate nacional”, enfatizó.
Señaló incluso que este “escenario de debate amplio”, que propone, “le va a permitir a los constitucionalistas, por ejemplo, analizar la posibilidad de que, vía control de constitucionalidad, convencionalidad u otros elementos que pueda dar el Tribunal, pueda suprimirse la elección por voto popular”.
Por mandato constitucional, la Asamblea Legislativa debe realizar el proceso de preselección de los candidatos al Órgano Judicial y TCP. Luego, en elecciones, la población debe elegir a las nuevas altas autoridades de las cuatro instancias.
Sobre el amparo, Lima explicó que el vicepresidente ya fue notificado y que conforme a procedimiento tiene 15 días para emitir una respuesta, luego el TCP emitirá su sentencia que, en su opinión, “va a blindar por completo este proceso”.



