La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ofreció al Gobierno de Bolivia asesoramiento para el proceso de elección de las máximas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, informó este martes el ministro de Justicia, Iván Lima.

La propuesta fue realizada por la delegación de la CIDH, formada por el comisionado relator para Bolivia, Joel Hernández, y la secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, durante la reunión de este martes, en La Paz, para evaluar el cumplimiento de las 36 recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis de 2019.

“El relator país Joel Hernández es un experto en reformas judiciales y ahora, en el diálogo constructivo que tuvimos con ellos, han ofrecido, como CIDH, brindar todo el asesoramiento que pueda haber de parte de esa instancia a algo tan relevante como lo es la elección de las 26 altas autoridades de la justicia boliviana”, explicó en una conferencia de prensa.

Por mandato del numeral 5 del parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene como atribución realizar la preselección de “las candidatas y a los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura”.

La Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral es la instancia encargada de la habilitación y evaluación de las postulaciones. El informe lo remite al pleno de la Asamblea, donde se aprueba la lista final de los aspirantes para someterse al soberano.

Este año debe realizar la elección judicial. Será el tercer proceso electoral de este tipo, luego de los realizados en 2011 y 2017.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) elaboró el plan de desarrollo de las elecciones judiciales y solicitó al Órgano Ejecutivo un presupuesto de Bs 204 millones.

A fines de noviembre pasado, el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, indicó que la elección judicial “debe realizarse en el mes de octubre de 2023 a objeto de que a aquellas personas que resulten electas puedan asumir sus funciones en enero de 2024”.

Lima insistió en la “necesidad de avanzar en el proceso de elección de las 26 altas autoridades de la justicia boliviana” y que esto se lo haga en “unidad, con acuerdos, consensos y diálogo”

“Ése es el compromiso del gobierno del presidente Luis Arce y lo vamos a llevar adelante en esta gestión”, afirmó.