Los dos hombres de confianza del alcalde José María Leyes: los exsecretarios de Finanzas, Diego Moreno, y de Atención al Ciudadano, José Miguel Padilla, registran 60 transacciones financieras sospechosas, entre abril de 2015 y marzo de 2018, según el informe preliminar del caso SADI 7159 de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Tanto Padilla como Moreno son investigados por los casos Mochilas I y II junto con el Alcalde por una presunta contratación dirigida.

En estos tres años, ambos recibieron en sus cuentas más de medio millón de bolivianos, que se encontrarían “fuera de su perfil económico”, según el informe. Además, no están justificados, por lo que se presume que estarían vinculados al delito de legitimación de ganancias ilícitas.

En las cuentas bancarias de Diego Moreno se identificaron 42 transacciones por 579.608,80 de bolivianos (Bs), en las que intervinieron 10 personas, entre ellas su padre, quien hizo tres depósitos, la más alta fue por Bs 101.668.

El monto más elevado fue el dinero que el mismo Diego Moreno depositó en sus cuatro cuentas, Bs 221.288,64 en 13 transacciones, de las cuales se desconoce también su procedencia debido a que las cuentas no registraron retiros que se relacionen en fechas o importes recibidos.

Otro detalle que resalta el informe es que cinco funcionarios depositaron en 22 transacciones Bs 222.608,16; los trabajadores M. V .T., R. Z. A., P. G. R., F. G. M. y L. S. L., dependientes de la Alcaldía, son algunas de las personas identificadas.

Moreno fue funcionario de la Alcaldía desde junio de 2015 hasta diciembre 2017, percibía un promedio en sus ingresos mensuales de Bs 16.570,67.

En las cuentas bancarias de José Miguel Padilla se registraron 18 depósitos en efectivo por Bs 565.036, que tampoco son acordes al perfil económico del exsecretario de Atención al Ciudadano.

Padilla habilitó tres cuentas en tres bancos distintos que fueron utilizadas en estas transacciones, en las cuales intervinieron tres personas, Padilla, su hermana I. P. P. y su cuñado N. H. U. A.

De estas 18 transacciones, el exsecretario intentó justificar el origen de dos con la venta de un supuesto inmueble en Santa Cruz y ahorros más la venta de una movilidad; sin embargo, según la UIF, Padilla no registró “ninguna venta durante fechas próximas a la señalada”.

José Miguel Padilla, desde octubre de 2016, asumió el cargo de director de Coordinación General y luego secretario de Atención al Ciudadano, con un salario de al menos 13.928,31, según el informe preliminar de la UIF.

La defensa de José Miguel Padilla dijo que se pronunciará en los siguientes días sobre el reporte. En tanto, Moreno no pudo ser ubicado.

En tres años, ambos exfuncionarios recibieron en sus cuentas más de medio millón de bolivianos.

LA UIF RECOMENDÓ INVESTIGAR A OCHO PERSONAS DE 19 QUE FUERON INVESTIGADAS

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), de oficio y ante indicios de posibles sobreprecios, procedió a investigar a 19 personas naturales y jurídicas, entre las que figuran funcionarios, empresarios y familiares del alcalde suspendido José María Leyes, de quienes se hizo un Informe de Inteligencia Financiera y Patrimonial para verificar sus movimientos bancarios.

De esta lista preliminar de 19 personas naturales y jurídicas, la UIF determinó que ocho investigados se encuentran presuntamente vinculados al delito de legitimación de ganancias ilícitas, el cual es sancionado por el código penal (Art. 185 bis) y otras normativas vigentes en el país.

En la lista de las ocho personas que están presuntamente vinculadas al delito de legitimación de ganancias ilícitas están el alcalde suspendido José María Leyes y su hermana C. Leyes; los exfuncionarios José Miguel Padilla, exsecretario de Servicio al Ciudadano, y Diego Moreno, extitular de la Secretaría Financiera; los empresarios y propietarios de las empresas que se habrían beneficiado con información privilegiada, Juan de Dios Morales y María Rene Ramírez, y las personas jurídicas MSPC S.R.L. y Mane COMP.

Sin observación

Respecto a los otros 11 investigados, el informe preliminar de la UIF señala que las operaciones realizadas por los mismos “no alcanza a revestir la calidad de sospechosas y que no existirían elementos que se pudieran vincular a ilícito que se está investigado”.