Los próximos tres años estarán marcados por una intensa actividad electoral. Para el año 2023 está prevista las elecciones de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y para el 2025 los comicios generales.

Hace unos días, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel Salazar, indicó que uno de los principales desafíos que encarará la entidad el próximo año será “la elección de las máximas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional”.

“Esta elección debe realizarse en el mes de octubre de 2023 a objeto de que a aquellas personas que resulten electas puedan asumir sus funciones en enero de 2024”, indicó Hassenteufel.

El TSE ya elaboró el presupuesto para este proceso electoral y lo remitió al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Será el tercer proceso electoral de este tipo luego de los realizados en 2011 y 2017, en los cuales se eligió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Tribunal Agroambiental (TA) y miembros del Consejo de la Magistratura (CM).

Por mandato del numeral 5 del parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene como atribución realizar la preselección de “las candidatas y a los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura”.

En los dos anteriores procesos, esa labor la asumió la Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, instancia que se encargó de la habilitación y evaluación de las postulaciones y remitió un informe al pleno de la Asamblea en donde se aprobó la lista final de los aspirantes que fue remitida al TSE para que organice el proceso electoral.

¿Posible referendo?

A la par de esta labor, está en marcha la iniciativa popular para la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) en el ámbito judicial a través de un referendo.

A fines de julio de este año, un grupo de ciudadanos presentó al TSE la iniciativa y solicitó la autorización para la recolección de firmas y adhesiones, además de la entrega de libros, como establece la Ley 026 del Régimen Electoral.

El Tribunal Supremo Electoral aprobó la Resolución TSE-RSP-ADM N° 377/2022, con la cual se autoriza la recolección de firmas de adhesión y huellas dactilares a los promotores de esta propuesta.

Tomando en cuenta que el padrón tiene 7 millones 300 mil personas registradas, entonces el registro de adherentes debería alcanzar un aproximado de 1 millón 500 mil ciudadanas y ciudadanos.

Los promotores de la propuesta iniciarían la recolección de las firmas el mes de enero de 2023 y tendrán un plazo de 90 días.

Una vez que se cumpla este requisito, el TSE realizará una verificación de las firmas sobre la base del Padrón Electoral.

De acuerdo a la Ley 254, artículo 152 del Código Procesal Constitucional, la propuesta de reforma parcial de la CPE será revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, una vez que el TSE haya comunicado la obtención de firmas.

Al respecto, el presidente del TSE indicó que, si el proceso avanza y cumple con todas las exigencias, la entidad tendría que realizar las tareas preparatorias siempre y cuando sean rijan en el marco legal.

Dijo que si se “concretarse alguna reforma (a la Constitución) corresponderá aplicar el nuevo escenario legal”.

Ya para el 2025, está confirmada la celebración de las elecciones generales. Esta labor se efectuará el mes de septiembre, considerando la eventualidad de celebrar una segunda vuelta si acaso ninguna candidatura presidencial logre el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos, o que haya obtenido un mínimo del cuarenta por ciento de los votos válidos, con una diferencia de al menos diez por ciento en relación con la segunda candidatura.

Con este calendario, establecido por el TSE, las nuevas autoridades electas asumirán el 8 de noviembre de 2025, precisó el presidente del ente electoral.