El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Francisco Vargas afirmó que la decisión de la Sala Constitucional Primera de Beni, de suspender el proceso legislativo de preselección de candidatos, obligará a mover la fecha de las elecciones judiciales de octubre a noviembre.

“La elección tiene que llevarse adelante este año y los plazos se van a acortar en sentido de que deben readecuarse las actividades”, explicó en declaraciones a un grupo de periodistas.

Por normativa, los actuales magistrados y consejeros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Agroambiental (TA) y del Consejo de la Magistratura cumplen su mandato en diciembre de 2023 y las nuevas autoridades, electas en elecciones, deben asumir funciones en enero de 2024.

“En el país deberíamos tener autoridades que estén siendo posesionados y ejerciendo funciones el primer día del 2024”, insistió el vocal.

En un inicio, el Tribunal Supremo Electoral perfiló para el 29 de octubre el día de las elecciones judiciales, considerando la eventualidad de repetir la votación en algunas mesas.

Sin embargo, con la decisión de la Sala Constitucional Primera de Beni, que dio curso a un amparo constitucional del abogado Miguel Balcázar, fue suspendido el proceso legislativo de preselección de candidatos y se instruyó la redacción de un nuevo reglamento y convocatoria, por lo que el calendario inicial que trabajaba el TSE será modificado.

Si bien Vargas indicó que la sala plena asumirá una postura institucional sobre este nuevo escenario, anticipó que “se tendrá que readecuar los plazos y quizás recorrer la fecha para uno de los domingos de noviembre”.

Por mandato constitucional y el artículo 76 de la Ley 026 del Régimen Electoral, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe emitir la convocatoria para el proceso y preselección de postulantes del Órgano Judicial y del TCP.

Posteriormente, 25 días después de que la convocatoria sea expedida por la ALP, el TSE debe emitir la convocatoria al proceso electoral y publicar el calendario, con la fecha para su realización.

La ley indica también que las convocatorias deben garantizar que la elección y posesión de las nuevas autoridades se realice antes de la conclusión del mandato de las autoridades salientes, en diciembre de 2023.

En ese proceso, los bolivianos elegirán a cinco magistrados titulares y a cinco magistrados suplentes para el Tribunal Agroambiental; tres consejeros titulares y tres suplentes para el Consejo de la Magistratura; nueve magistrados titulares y nueve suplentes para el Tribunal Supremo de Justicia y nueve magistrados titulares y nueve suplentes para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Será electa la magistrada o magistrado, consejera o consejero titular que obtenga el mayor número de votos válidos; las siguientes personas más votadas serán designadas autoridades suplentes.