La presidenta de la Comisión Mixta de Constitución, la senadora Patricia Arce, anunció este viernes la redacción de un nuevo reglamento y convocatoria para el proceso de preselección de candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con plazos acortados.

La decisión fue asumida acatando el fallo de la Sala Constitucional Primera de Beni, que dio curso a un amparo constitucional del abogado Miguel Balcázar y suspendió el proceso legislativo de preselección de candidatos.

“Al tener esta sentencia, el reglamento y la convocatoria quedan sin efecto. Lo que tenemos que hacer es un nuevo reglamento y otra convocatoria, eso es lo que tenemos que trabajar. Nosotros nos vamos a amparar en la Constitución Política del Estado y vamos a acortar algunos plazos”, explicó, notoriamente molesta por la decisión de la Sala Constitucional.

Balcázar objetó el numeral 16 del artículo 19 del Reglamento de Preselección, que establece como un “requisito común” para los aspirantes “no haber expresado posturas políticas de manera pública” y que debe certificarse con una declaración jurada (voluntaria) ante notario de Fe Publica, en original”.

La decisión de la Sala Constitucional Primera de Beni fue remitida al Tribunal Constitucional Plurinacional, para su revisión.

Hasta el miércoles estaba en marcha el proceso de preselección de candidatos para ir a elecciones y formar el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura.

El camino rumbo a las elecciones judiciales empezó con la aprobación del reglamento y la convocatoria para la preselección de aspirantes. El 29 de marzo dio inicio la recepción de las postulaciones que debía, según cronograma, concluir este sábado.

Arce anunció que se convocará “lo antes posibles” a los integrantes de la Comisión Mixta para trabajar en el nuevo reglamento y convocatoria, aunque anticipó que no habrá muchas modificaciones.

“La gente ya está preparada, sabe cuáles son los requisitos, no va a cambiar mucho”, aseguró la senadora y garantizó todo el proceso de preselección y la posterior elección por el voto antes de fin de año.

"Vamos a garantizar las elecciones judiciales para que toda la población de Bolivia esté tranquila", insistió la legisladora.

Según los plazos iniciales, el proceso de preselección debía concluir en junio, para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) administre el proceso electoral en octubre de este año.

La elección debe realizarse en el último trimestre del año, porque el mandato de los actuales 26 magistrados y consejeros fenece en diciembre. Las nuevas autoridades electas deben asumir funciones en enero de 2024.