El Gobierno nacional reveló que cuatro amparos constitucionales fueron presentados en contra del reglamento de preselección de candidatos a las elecciones del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), por lo que expresó su “grave preocupación” debido a los efectos en los plazos.

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que el beniano Miguel Ángel Balcázar Ruiz presentó un recurso de amparo, mientras que el magistrado Olvis Eguez interpuso dos amparos: uno en Santa Cruz y otro de forma directa en el TCP, y de manera adicional otros postulantes también formalizaron recursos similares.

“Es un motivo de grave preocupación para el Gobierno nacional (estas acciones constitucionales), porque el cronograma estaba muy ajustado, era un cronograma con plazos muy breves y estas acciones podrían significar que se desfase totalmente ese calendario”, advirtió Lima.

Balcázar Ruiz objetó el numeral 16 del artículo 19 del Reglamento de Preselección, que establece como un “requisito común” para los aspirantes “no haber expresado posturas políticas de manera pública” y que debe certificarse con una declaración jurada (voluntaria) ante notario de Fe Publica, en original”.

Al admitir el amparo, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni aplicó la medida cautelar de suspender el proceso de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura hasta asumir una decisión final.

El camino rumbo a las elecciones judiciales empezó con la aprobación del reglamento y la convocatoria para la preselección de aspirantes. El 29 de marzo se dio inicio a la recepción de las postulaciones.

Hasta el miércoles cinco personas presentaron su postulación: Hermes Flores Eguez al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Leopoldo Miguel Escobar Ramos y Porfirio Machado Gisbert al Consejo de la Magistratura; y Cyborg Kanashiro Bronnkss y Vivían Fabiola Torrez Saavedra al Tribunal Constitucional Plurinacional

Esta etapa debía concluir este sábado 15 de abril, pero ahora todos los plazos fueron suspendidos.

Lima recordó que la normativa establece plazos que se deben cumplir y que uno de ellos debía ejecutarse el 22 de abril con la emisión de la convocatoria a las elecciones judiciales por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

No obstante, consideró que se debe esperar a que las instancias judiciales establezcan el curso de los amparos, tanto en Beni, Santa Cruz como en el TCP, en Sucre.

Una vez se conozcan las resoluciones constitucionales, el Ejecutivo asumirá una postura. Lima aseguró que “todavía estamos a tiempo para concluir el proceso electoral” este año, porque el mandato de las actuales autoridades fenece en diciembre.