La senadora del MAS, Ana María Castillo, alertó este martes sobre posibles vicios de inconstitucionalidad del proyecto de ley que suspende los plazos procesales hasta la elección y posterior posesión de las nuevas altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que debe efectuarse en 2024.

Basó su advertencia en dos puntos: que se deja sin magistrados y consejeros al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura (CM) y que el secretario general de cada una de estas instancias asuma responsabilidades que no le otorga la Constitución Política del Estado (CPE).

“En el proyecto de ley de suspensión de plazos, si bien en el artículo uno y dos hace referencia la urgencia del cambio de magistrados, pero en el artículo tercero le da plena responsabilidad al secretario general del tribuno. Esto implicaría cierto tipo de acciones de inconstitucionalidad”, argumentó.

El proyecto de ley "de suspensión de plazos procesales y continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional", fue aprobado el lunes por legisladores “evistas”, “camachistas” y “mesistas” como respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de prorrogar su mandato y de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Agroambiental (TA) y del Consejo de la Magistratura (CM) hasta que se posesione a las nuevas autoridades, que previamente deben ser electas por voto.

Además, aprobaron varias modificaciones a la Ley N° 044 para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público, modificada por la Ley N° 612”.

Y el proyecto de Ley "Para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III, y 200 de la Constitución Política del Estado" que declara la “nulidad de pleno derecho” la autoprórroga de los magistrados y concejeros del Órgano Judicial y del TCP.

Para garantizar la continuidad de las operaciones de ambas instancias, el proyecto de ley "de suspensión de plazos procesales y continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional" determina en el artículo tres que el secretario general de cada una de las cuatro instancias se haga cargo de la recepción y custodia de los procesos y de las causas remanentes sin resolver si así existieran.

Además de advertir esta vulneración constitucional, Castillo señaló que “dejar sin cabeza” al Órgano Judicial y al TCP es una “irresponsabilidad” y, además, “contradictorio a la Constitución”.

“Parece que estaríamos incurriendo en el mismo error que se ha planteado en el proyecto de ley 144” declarado inconstitucional por el TCP el 11 de diciembre, insistió.

De manera adicional, denunció que los proyectos de ley no mencionan ni “garantizan el proceso de preselección de candidatos que el pueblo exige”. “No garantiza la posesión de nuevas autoridades, ni siquiera establece plazos, es más, nos deja en un vacío total, dejando sin cabeza a este poder importante”, reclamó.

Los tres proyectos de ley, aprobados con dispensación de trámite que permite su tratamiento directo en el pleno sin informe de la Comisión, fueron remitidos a la Cámara de Diputados para su revisión.

Desde la opositora Comunidad Ciudadana (CC) se solicitó que se trate de manera urgente y con dispensación de trámite los proyectos de ley.

El jefe de bancada de CC, Enrique Urquidi, mandó una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, para solicitar que se aplique la dispensación de trámite y voto de urgencia para dicho proyecto de ley. Argumentó que el país se encuentra en emergencia, porque de consolidarse la prórroga sería un “golpe” y “ruptura constitucional”.

No obstante, el jefe de bancada del MAS en Diputados, Jerges Mercado, le recordó que sólo “hay dispensación de trámite para el tratamiento de una ley, cuando existe una catástrofe nacional declarada oficialmente, no es el fenómeno en este momento, por lo tanto, lo que llega corresponde que se cumpla el reglamento y el procedimiento, tiene que ir a la comisión correspondiente”.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui (MAS), dijo que espera que los proyectos de ley “estén bien fundamentados para que de esta manera podamos viabilizar”.