El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, expresó su confianza en un consenso en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la preselección de los candidatos en vista a las elecciones de máximas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Lo que hemos planteado es que se genere un consenso para contar en la preselección a los mejores candidatos y candidatas a los altos cargos del Órgano Judicial y que esto sea abordado por la Asamblea Legislativa como se ha hecho en experiencias anteriores, que es algo que se puede hacer sin cambiar la Constitución”, afirmó.

Por mandato del numeral 5 del parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene como atribución realizar la preselección de “las candidatas y a los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura”.

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui (MAS-IPSP), anunció que el reglamento de preselección debe ser concluido hasta marzo, junto con la correspondiente convocatoria a las elecciones judiciales.

Justamente para ver los plazos, el diputado convocó a los miembros de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para analizar el cronograma del futuro proceso electoral, el tercero de su tipo. El primero se realizó el 2011 y el segundo en 2017.

El TSE ya elaboró el plan de desarrollo de las elecciones judiciales, que deben realizarse en octubre. Solicitó al Órgano Ejecutivo un presupuesto de Bs 204 millones.

Para modificar la forma de preselección de los magistrados, un grupo de exautoridades y políticos impulsa un ajuste constitucional vía referendo.

Se trata de Juan del Granado, Katia Saucedo, José Antonio Rivera Santivañez, entre otros, quienes se autodenominan “juristas independientes” e iniciaron el 25 de enero la recolección de más de 1,5 millones de firmas con el objetivo de que el TSE de vía libre a una convocatoria a un referendo de ajuste constitucional en el ámbito de la justicia.

En opinión del procurador la propuesta no es sería, porque sus promotores son “representantes políticos” que ocuparon distintos cargos y no hicieron nada en su momento.

Del Granado fue electo diputado por el Movimiento Bolivia Libre (MBL), que cogobernó junto a Gonzalo Sánchez de Lozada, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), uno de los principales acusados por la masacre sangrienta de octubre de 2003.

Del Granado también militó en el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) de Jaime Paz Zamora y formó el Movimiento Sin Miedo (MSM) en 1999.

Saucedo fue viceministra durante la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada. La abogada también trabajó como asesora de Waldo Albarracín, el cual participó el 10 de noviembre de 2019 en la reunión de la Universidad Católica Boliviana (UCB) que eligió a Jeanine Áñez para que tome el poder.

En tanto, Rivera Santivañez fue designado como magistrado del Tribunal Constitucional durante la gestión de Sánchez de Lozada. Fue uno de los primeros en señalar que Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, debía asumir la presidencia del Estado, por fuera de lo que establece la Constitución y los reglamentos del Legislativo.

Chávez aseguró que “de ninguna manera da el tiempo para un planteamiento de reforma constitucional parcial y menos aún total, porque pasa por un tema constitucional”.

“Y, entiendo yo, el momento político no es el adecuado”, insistió el procurador.

De hecho, a fines de enero, el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, explicó que por los procedimientos la consulta por iniciativa ciudadana se podría celebrar recién en diciembre, dos meses después de las elecciones judiciales previstas para octubre.

Explicó que luego de la recolección de firmas, éstas tienen que ser revisadas por el TSE, luego las preguntas, que serán sometidas a consulta, tienen que obtener el control de constitucionalidad y después conseguir que la Asamblea Legislativa emita la ley de convocatoria a referendo.