El fiscal general Ramiro Guerrero pidió a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) un informe complementario sobre las cuentas del alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, sus familiares y su entorno,  en busca de más indicios de uso de  ‘palos blancos’ para legitimar ganancias obtenidas   en los casos Mochilas I y II”. 

Guerrero informó que el nuevo pedido servirá para complementar un primer reporte, el cual es analizado por la comisión de fiscales que indaga ambos presuntos hechos de corrupción. 

“Hemos pedido un nuevo informe técnico complementario a la UIF. Ustedes saben que en el tema de legitimación de ganancias ilícitas no siempre es la persona, sino que muchos actúan a través de parientes, familiares, ‘palos blancos’. Entonces, toda esa pesquisa se debe complementar”, explicó.

La autoridad adelantó que el nuevo reporte se centrará en personas del entorno de Leyes que pudieron ser usadas para consolidar operaciones fraudulentas. 

Según Guerrero, el Ministerio Público solicitó un nuevo informe toda vez que la utilización de ‘palos blancos’ (personas que prestan su nombre o cuentas para legitimar dinero obtenido de manera ilegal) es muy común para que el principal implicado quede libre de culpa por no tener movimientos patrimoniales sospechosos. 

El Fiscal General indicó que solicitó que el titular y los técnicos de la Dirección de Legitimación de Ganancias Ilícitas de la Fiscalía refuercen la comisión de operadores de justicia que indaga los casos Mochilas I y II. 

Dichos casos develaron hechos de corrupción relacionados con el favorecimiento de dos empresas para que se adjudiquen el contrato de provisión de mochilas y material escolar. Además, se descubrió que las adjudicaciones se hicieron con sobreprecio.

Según publicaciones de medios impresos de Cochabamba, el primer informe de la UIF habría develado la existencia de una red de familiares de los cómplices de Leyes utilizados como ‘palos blancos’. 

La pesquisa muestra que parientes de José Miguel Padilla, mano derecha de  Leyes, habrían recibido depósitos de dinero en fechas que coinciden con los contratos de adjudicación.