La Ley 929 fija un plazo de algo más de siete meses, 230 días, para el proceso de elección de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que debe celebrarse este 2023.

El artículo 4 de la “Ley de Modificación a las leyes N° 025 del Órgano Judicial, N° 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional y N° 026 del Régimen Electoral de 27 de abril de 2017” establece que el proceso de elección de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional se divide en dos etapas.

La primera, es la “postulación y preselección de postulantes, con una duración de ochenta (80) días calendario”, que está a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), mientras que la segunda está dedicada a la “organización y realización de la votación popular, con una duración de al menos ciento cincuenta (150) días calendario”, que debe ejecutar el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, quien el lunes se reunión con la sala plena del TSE, indicó que “los 80 días que tiene la Asamblea Legislativa para remitir todos los nombres de los postulantes se ajustan a la propuesta que habíamos hecho”.

Para iniciar el trabajo, la Comisión iniciará la redacción del reglamento de preselección y la convocatoria, que será puesta a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Una vez se cumpla con ese trabajo, 25 días después, el TSE emitirá la convocatoria al proceso electoral y publicará el calendario, con la fecha para su realización. La ley indica también que las convocatorias deben garantizar que la elección y posesión de las nuevas autoridades se realice antes de la conclusión del mandato de las autoridades salientes.

En ese proceso, los bolivianos elegirán a las autoridades titulares y suplentes del Tribunal Agroambiental (TA), del Consejo de la Magistratura (CM), del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Se elegirán a cinco magistrados titulares y a cinco magistrados suplentes para el Tribunal Agroambiental; tres consejeros titulares y tres consejeros suplentes para el Consejo de la Magistratura; nueve magistrados titulares y nueve magistrados suplentes para el Tribunal Supremo de Justicia y nueve magistrados titulares y nueve magistrados suplentes para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Será electa la magistrada o magistrado, consejera o consejero, que obtenga el mayor número de votos válidos; las siguientes personas más votadas serán designadas autoridades suplentes.