Página Siete / La Paz

El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza (TIDN) hizo ayer la entrega oficial al Gobierno de Bolivia de un cuestionario para conocer el estado del proyecto de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Las respuestas al cuestionario serán incluidas en el informe de la comisión del tribunal sobre su visita a Bolivia que será presentado en octubre.

La comisión del tribunal, cuando estuvo en Bolivia en la reunión con el ministro de Gobierno Carlos Romero, el 20 de agosto, acordó enviar por escrito las preguntas.

El cuestionario consta de 30 puntos: cinco referidos a estudios de evaluación de impacto ambiental, tres referidos a deforestación, seis referidos a cultivos de coca, dos sobre población indígena, cinco sobre consulta para el consentimiento libre previo e informado e intangibilidad, dos sobre el caso Chaparina, uno sobre concesiones de exploración petrolera, y seis sobre impactos de una futura carretera y derechos de la Madre Tierra.

“¿Al momento de suscribir el contrato con OAS para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, la misma contaba con la respectiva licencia ambiental y los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental para los tres tramos de la carretera?” es una de las preguntas del Tribunal Ambiental.

Esto en referencia al proyecto gubernamental de construir una carretera interdepartamental por el medio del TIPNIS y que se paralizó después de la VIII marcha indígena en contra de ese megaproyecto.

El grupo de ambientalistas llegó hasta el TIPNIS para constatar las denuncias que recibieron en 2017, pero no pudo ingresar al Polígono 7 habitado por colonizadores afines al Gobierno.

“Podría clarificarnos qué cantidad de hectáreas de cultivos de coca existían el año 2004 en el Polígono Siete del Parque Nacional Isiboro Sécure, cuando se suscribió el convenio entre el expresidente Carlos Mesa y Evo Morales, presidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba” señala una de las preguntas de la organización para el Gobierno.

Sobre el caso Chaparina, el Tribunal preguntó si después de siete años de investigación ya existen “los autores intelectuales y materiales de la represión policial a los marchistas de la octava marcha indígena ocurrida el 25 de septiembre de 2011”.

También preguntó sobre qué sanciones han recibido los autores intelectuales y materiales de la represión de Chaparina y “qué medidas ha asumido el Estado Plurinacional de Bolivia para que no se repita esta grave violación a los derechos humanos”.

El Gobierno restó credibilidad al trabajo de la comisión.