Las bancadas del MAS, Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) confirmaron su presencia en el diálogo convocado por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, con el fin de definir este jueves la ruta que reencauce la preselección de candidatos con miras a las elecciones judiciales, para cuyo proceso el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pide un mínimo de 90 días.

El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Froilán Mamani, confirmó la presencia de la bancada del MAS en el encuentro.

"Se debe garantizar la preselección y elección de las altas autoridades judiciales en cumplimiento al mandato que nos otorga el mismo reglamento. Tenemos que concertar una propuesta clara”, indicó.

A su vez, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi, sostuvo que su frente “por supuesto que va a participar de esta reunión porque creemos que en este momento de urgencia y crisis son importantes estos espacios para intercambiar ideas para, de una vez por todas, definir una ruta crítica que destrabe el difícil y complejo momento de bloqueo absoluto por el que está atravesando la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

Mientras que el senador de Creemos, Henry Montero, dijo que acudirán al encuentro con la esperanza de encontrar soluciones que destraben las fallidas elecciones judiciales de 2023, que provocaron la prórroga de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

La base del encuentro será el proyecto de Ley 144 Transitoria de las Elecciones Judiciales 2023-2024, del cual cuatro artículos y dos disposiciones adicionales fueron declaradas inconstitucionales por el TCP, a través de la declaración constitucional plurinacional 0049/2023, del 11 de diciembre de 2023.

Se trata del artículo 2 y del Parágrafo II de la Disposición Adicional Sexta, los artículos 14, 29.II, 30.I, y la Disposición Adicional Séptima en su segundo parágrafo, inciso a) y los parágrafos I y III de la Disposición Adicional Sexta del Proyecto de Ley C.S. N° 144/2022-2023, denominado “Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024”, por ser contrarios a los artículos 9.4, 12, 115 y 178.I de la Constitución Política del Estado.

Entre las observaciones del TCP está la ruta crítica y cronograma que establece el artículo 14 y el parágrafo segundo de la Disposición Adicional Séptima.

Además, objeta que, hasta el día de la posesión de las nuevas autoridades electas por el voto popular, el personal subalterno implemente una transición, y, también, la “suspensión de todos los plazos procesales” para todas las causas que se encuentren en trámite en el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y despacho de Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura.

El 12 de enero, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados decidió devolver a la Cámara de Senadores el proyecto normativo para que ajuste los artículos y disposiciones observadas.

No obstante, el Presidente del Senado aseguró que hasta la fecha la norma no llegó al Senado y precisó que el proyecto debe tratarse en la Comisión de Constitución de Diputados y luego en el pleno.

Sobre las elecciones judiciales, la vocal del TSE, Dina Chuquimia, recodó que el Órgano Electoral requiere un mínimo de 90 días para organizar el sufragio una vez que se cuente con los candidatos preseleccionados.

“Inicialmente, en una reunión nacional, nosotros hablamos de que las elecciones judiciales podrían realizarse no en menos de 120 días, hablamos de 90 días para una ejecución en el marco del cumplimiento de un calendario electoral, 120 días por supuesto que sería mucho mejor, pero estamos hablando ahora de una planificación de por lo menos 90 días, los cuales nosotros requeriríamos para ejecutar las elecciones judiciales”, explicó.

En ese proceso electoral, los bolivianos deben elegir a 26 autoridades del TCP, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia y Consejo de la Magistratura.

Hasta la posesión de las nuevas autoridades, continuarán en el cargo los magistrados y consejeros electos en octubre de 2017, en apego a la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023.