Un 47% de entrevistados está muy poco dispuesto (18%) o nada dispuesto (29%) a participar de las protestas y movilizaciones en contra de la prórroga de mandato de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), revela una encuesta realizada por la empresa Diagnosis.

En cambio, un 5% de los entrevistados respondió que está muy dispuesto y un 12% más o menos dispuesto a protestar por la prórroga de estas altas autoridades, dispuesta por la declaración constitucional 044/2023 ante el fracaso en el Legislativo para realizar la preselección de los postulantes con miras a las elecciones judiciales.

Mientras que el 36% de los encuestados respondió que es indiferente a las movilizaciones.

Diagnosis Estudios realizó la encuesta el 6 y 7 de enero. A 1.800 personas, hombres y mujeres de 18 a 65 años, la empresa consultó: ¿Estaría dispuesto o no estaría dispuesto a participar en protestas y movilizaciones contra la prórroga de magistrados del Órgano Judicial?

El trabajo se realizó en el área urbana y rural de los nueve departamentos. Tiene un error muestral del +/- 2,31%

Su selección de entrevistados fue aleatoria simple de zonas censales y de segmentos, y selección sistemática de hogares y de entrevistados.

La encuesta fue realizada horas previas al inicio de las protestas de sectores que responden al expresidente Evo Morales, en Sucre, que, en un inicio, fue una vigilia, entre el 8 y 12 de enero, y luego, el día 15, una marcha que se enfrentó con los agentes de la policía por su intento de tomar las instalaciones del TCP.

Desde el inicio de esas movilizaciones, tres magistrados dimitieron: Esteban Miranda al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Elva Terceros y Ángela Sánchez al Tribunal Agroambiental.

Antes, el 2 de enero, dimitió Carlos Alberto Calderón a su puesto en el TCP porque la declaración constitucional 044/2023 fue mal entendida, tergiversada y respondida de manera reactiva por diversos actores de la sociedad boliviana.

“Estoy seguro de que la DCP 044/2023 (que dispone la prórroga), es la medida idónea para superar el desfase constitucional planteado por la no realización del proceso de preselección de candidatos a magistrados para el Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, pues determina que sea ejercido por aquellas personas que están habilitadas por la Constitución para su ejercicio”, se lee en su renuncia firmada el 2 de enero.

Los marchistas, que defienden una nueva candidatura de Morales, pese a que se lo impide la sentencia constitucional 1010/2023, exigen que los magistrados y consejeros dimitan.

El bloqueo de caminos que debía iniciar este miércoles fue postergado hasta el próximo lunes en espera de que las altas autoridades dejen sus cargos y desde el Legislativo se viabilice una ley que convoque a las elecciones judiciales; sin embargo, el proceso está empantanado.