En el congreso campesino de Achocalla, el presidente Luis Arce afirmó que en el Legislativo la derecha opositora y la “nueva derecha” firmaron “pactos de sangre” para cuotearse espacios en el Órgano Judicial y en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con el objetivo de “revertir algunos fallos”.

En esta línea, explicó, está el bloqueo de caminos convocado por afines al expresidente Evo Morales, quien, por sentencia constitucional, en apego a una opinión consulta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), está impedido de volver a postular a la presidencia porque la reelección no es un derecho humano.

“Ahora quieren bloquear caminos, pero ¿cuál es la razón para bloquear caminos? Supuestamente porque los magistrados del Órgano Judicial se ampliaron su mandato, hay que ser claros aquí, ¿a quién le corresponde la elección de los magistrados de acuerdo a las Constitución Política del Estado si no es al Órgano Legislativo?”, cuestionó.

En responsabilidad del Legislativo la preselección de candidatos para las judiciales. Dos recursos de inconstitucionalidad contra el reglamento de preselección de candidatos paralizaron este proceso, lo que derivó en la prórroga de mandato, por sentencia constitucional, de los actuales magistrados hasta la elección de nuevas autoridades.

De acuerdo con el jefe de Estado, “lo único que están demostrando allá (en el Legislativo) es que hay parlamentarios de oposición de la derecha y de la nueva derecha que están ahí armonizando y firmando pactos de sangre, lo único que quieren es el cuoteo del Órgano Judicial, no quieren otra cosa, porque al pueblo boliviano no le interesa ¿quién es su magistrado?, ¿quién es su vocal?, al pueblo boliviano lo que le interesa es que la justicia funcione, que no esté 5, 10, 20, 30 años en un juicio que nunca”.

Como ya lo había dicho en el pasado inmediato, reiteró que las elecciones judiciales no resuelven los problemas de la población, “pero sí, los que están interesados en eso (las elecciones judiciales), es la clase política, (porque) lo que quieren es cuotearse los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional y de todo lo que significa la justicia”.

Y ahora, afirmó, “hay más intención todavía porque quieren revertir algunos fallos que ha sacado el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), eso es, no nos vamos a engañar, y para eso están convocando al bloqueo”.

Convocado por dirigentes que responde a Evo Morales, desde el lunes se iniciaría un bloqueo de caminos en todo el país en procura de que los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional dejen sus cargos porque, afirman, su mandato feneció en diciembre de 2023.

Los movilizados, además, buscan que Morales vuelva a postular a la presidencia en 2025 y objetan la sentencia 1010/2023 que anula el derecho humano a la reelección indefinida.

Especialistas, como el abogado constitucionalista Marco Antonio Baldivieso advirtió que, si insisten con la renuncia de las altas autoridades del Órgano Judicial y del TCP se generará un vacío de poder, agudizando aún más el actual escenario.

El viceministro de Gestión y Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, afirmó que los “evistas” lo que buscan es un vacío de poder que permita no solo habilitar a Morales sino “ayudar” al encarcelado gobernador Fernando Camacho “en muchas cosas, sobre el mismo golpe de Estado y alguna apelación que le pongas al tribunal”.

“Quieren bloquear el país desde el lunes, ¿para qué?, para que renuncien los magistrados.¿Qué has logrado con que renuncien o no renuncien? No hay sentencia, no hay tribunal; a los que están no los quiere reconocer y si no están tampoco va a haber tribunal.¿Qué se logró? Vacío de poder, y se va a volver hacer una ley (para las judiciales), cuánto va a durar, hasta cuándo va a ser; llegan las elecciones, no puede haber dos hechos electorales en el año, todo eso hay que ver”, advirtió.

Actualmente en el Legislativo no hay una clara línea para encarar este proceso. Diputados devolvió al Senado el proyecto de ley revisado por el control constitucional, para que haga los ajustes dispuestos. Desde el Senado, por el contrario, se asegura que esos ajustes deben hacerlo Diputados.