Las bancadas opositoras de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos presentaron este viernes en la sesión del Legislativo un proyecto de resolución para cesar el mandato de las altas autoridades prorrogadas del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, que fue remitida a la Comisión Mixta de Constitución.

El proyecto de resolución fue presentado por el jefe de la bancada de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi, en la parte inicial de la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional que trata la convocatoria para la preselección de candidatos a las elecciones judiciales.

La propuesta dispone “la inmediata cesación de funciones” de los magistrados y concejeros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, a partir del 2 de enero.

Los legisladores objetan la declaración constitucional 0049/2023 que en su numeral cuatro dispone la prórroga de estas autoridades hasta la elección de los nuevos magistrados y consejeros que, previamente tienen que ser preseleccionados por la Asamblea Legislativa.

Urquidi invocó el artículo 75 del reglamento de la Cámara de Diputados para que se considere en la sesión el proyecto de resolución, luego de la aprobación de la convocatoria de preselección para las judiciales.

El vicepresidente David Choquehuanca recordó que el mismo reglamento de la Cámara de Diputados establece que un proyecto de resolución debe contar con un informe de comisión antes de su tratamiento en el pleno.

“En temas tan delicados como el que plantea el hermano asambleísta tenemos que tener la responsabilidad de analizar cuidadosamente, en el marco de las normativas vigentes y también tenemos que estar conscientes de nuestras facultades y atribuciones. Una vez tengamos el informe de la Comisión Mixta vamos a tratar el asunto”, aseguró.

No obstante, el diputado “camachista” de Creemos Erwin Bazán reiteró que luego de aprobar la convocatoria a las judiciales “le vamos a exigir (a Choquehuanca) que tratemos esta resolución camaral para cesar a los magistrados prorrogados”, porque no puede decidir por “160 parlamentarios, el pleno somos todos nosotros”.

En respuesta, Choquehuanca le recordó que el artículo 132 del reglamento de la Cámara de Diputados establece que no se puede tratar un proyecto de resolución sin informe de la comisión correspondiente.

En efecto, el artículo referido establece que “la Asamblea no podrá tratar ningún Proyecto de Declaración o Resolución Camaral sin el dictamen de la Comisión, excepto en situaciones de emergencia declarada”.

Para este trabajo, la Comisión Mixta de Constitución tiene un plazo de tres días y Choquehuanca instó a los legisladores a elaborar el informe.