A convocatoria del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, legisladores del ala evista del Movimiento al Socialismo, de Comunidad Ciudadana (CC) y de Creemos se reunieron y firmaron un acuerdo con el objetivo de allanar el camino para lograr la realización de las elecciones judiciales.

Sin embargo, a la reunión no asistieron los legisladores denominados ‘renovadores’, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, del presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, y el presidente de la Comisión de Justicia Plural, Froilán Mamani.

El Presidente de la Cámara Alta y la oposición, en ese sentido, lamentaron la ausencia de los legisladores afines al presidente Luis Arce.

"Aquí falta voluntad política, en un año no pudimos resolver las elecciones judiciales, todos somos cómplices y es el MAS que nos ha arrastrado a esto", dijo, por ejemplo, el diputado de Creemos Juan Carlos Gutiérrez.

El ala “evista” y los opositores también rechazaron las declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, quien busca responsabilizar a la Asamblea Legislativa del fracaso de las elecciones judiciales.

El acuerdo

En el primer punto de acuerdo, los asistentes a la reunión conminaron a la presidencia de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Constitución el tratamiento del proyecto de ley para las elecciones judiciales, que ya fue aprobada en el Senado; sin embargo, varios de sus artículos fueron aclarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

También se decidió identificar a los responsables de la obstaculización de las elecciones judiciales, a fin de que cumplan sus deberes y funciones. De lo contrario se iniciarán las acciones legales que correspondan.

En tercer lugar, se decidió exigir al presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, asumir un papel activo y responsable con las elecciones judiciales.

En el punto cuatro se sugiere abrir un juicio penal ordinario contra los presidentes de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Constitución, al considerar que cometieron el delito de incumplimiento de resoluciones de acciones de defensa, toda vez que no agilizaron el tratamiento de las elecciones judiciales cuando era una exhortación del Tribunal Constitucional.