Restan seis días para que concluya el plazo otorgado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) al Legislativo sobre la entrega de la lista de candidatos para los magistrados. La bancada del MAS en Diputados propone una ley corta para encaminar las judiciales en el país.

El TSE ratificó, la semana pasada, el plazo del 4 de septiembre para que la Asamblea Legislativa Plurinacional le haga llegar la lista de los postulantes preseleccionados y organizar las elecciones judiciales el 3 de diciembre de este año.

El jefe de la bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Andrés Flores, reconoce que los tiempos están cada vez más cortos para la instancia legislativa, toda vez que no se logran los consensos esperados para aprobar una ley judicial con dos tercios de votos, como lo establece la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

En este sentido, informó que se analiza una ley corta como propuesta dentro de la bancada oficialista en Diputados. “Tenemos que seguir avanzando, porque si bien el tiempo nos está pisando, tenemos que buscar una forma, y si es una ley corta, pues hay que hacerlo, porque la población está pidiendo nuevas autoridades judiciales”, explicó en contacto con Panamericana.

Tiempos

El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, explicó, en una conferencia de prensa, que se requiere un plazo mínimo de 90 días para “garantizar el derecho al sufragio”.

Por tanto instó al Legislativo a cumplir su rol constitucional y “llegar a acuerdos necesarios para emitir la convocatoria y un reglamento que pueda desembocar en una lista de las y los candidatos debidamente preseleccionados”.

El legislador Flores indicó que en la ley corta se puede “hablar de 30 o 60 días, pero estamos viendo ese tema, no está cerrado de llevar adelante las elecciones”.

En la Asamblea Legislativa, el proceso de preselección de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura quedó paralizado desde abril debido a dos demandas, la última fue interpuesta por el diputado de Creemos Leonardo Ayala.

A finales de julio, los nueve magistrados del TCP fallaron a favor de Ayala y anularon el reglamento de preselección, además de la ley transitoria judicial, promulgada en junio por el Ejecutivo.

Por su lado, el diputado oficialista Zacarías Laura lamentó que hasta ahora no se reinstale el diálogo y responsabilizó a la oposición por frenar el consenso.