El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, aclaró este martes que cualquier denuncia sobre un presunto delito electoral, como la presentada por el diputado del MAS Rolando Cuéllar contra el empresario Marcelo Claure, debe ser evaluada por los jueces electorales y no por el Órgano Electoral en sí mismo.

En entrevista con radio Éxito, explicó que el TSE no tiene facultades para sancionar directamente estas denuncias, ya que su rol es de carácter técnico y administrativo.

“Cualquier delito electoral, si fuera el caso, quiero señalar, eso toma conocimiento o es reconducido a los jueces electorales. Los jueces electorales analizan la denuncia y, si fuera delito electoral, puede tener sanciones que van desde las multas pecuniarias hasta la privación de la libertad”, precisó.

La autoridad también indicó que el Ministerio Público puede intervenir en estos casos para reconducirlos hacia la vía judicial correspondiente. “Seguramente nosotros tomaremos conocimiento y vamos a ver qué camino debe seguir”, añadió, remarcando que no es competencia del TSE establecer la culpabilidad o inocencia en estos casos.

“La sanción viene a partir de la denuncia, pero al final será la autoridad competente quien determine el grado de sanción”, sostuvo Quispe, destacando además que los jueces electorales actúan con “plena independencia”.

Estas declaraciones surgen luego de que el diputado Cuéllar denunciara a Marcelo Claure ante el TSE por supuestos delitos como coacción electoral, manipulación informática e inducción al voto mediante propaganda y encuestas ilegales, con base en un audio filtrado en el que el empresario habla de “experimentar en Bolivia” en el ámbito político y mediático.

Cuéllar exigió que el TSE se pronuncie antes del 11 de agosto, advirtiendo incluso con iniciar un juicio de responsabilidades contra el presidente del Tribunal, Óscar Hassenteufel, si no se da respuesta dentro del plazo.

La denuncia fue presentada también contra Samuel Doria Medina, a quien Cuéllar vincula con Claure en lo que calificó como una presunta “organización criminal” orientada a un “fraude cibernético y monumental” con miras al 17 de agosto.