El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, advirtió que cualquier intento de impedir la realización de las elecciones generales programadas para el próximo 17 de agosto constituye un delito electoral sancionado con hasta cinco años de cárcel, de acuerdo con la normativa vigente.

“Es un mandato constitucional la realización de este proceso electoral para que el próximo 8 de noviembre de este año se produzca el cambio con el nuevo gobierno, el nuevo presidente o presidenta y futuros diputados y senadores”, expresó en entrevista con radio Éxito.

En medio de las amenazas lanzadas por sectores afines al expresidente Evo Morales, quienes han advertido con impedir las elecciones si él no figura como candidato, el vocal recordó que la Ley 026 de Régimen Electoral, en su Artículo 238, inciso h), establece sanciones para quienes intenten boicotear un proceso electoral. “Constituye un delito electoral la obstaculización. Tiene cárcel que va desde los dos hasta los cinco años”, enfatizó.

Estas declaraciones surgen tras recientes manifestaciones de figuras evistas como Ruth Nina, presidenta del ahora inhabilitado partido Pan Bol, y el dirigente alteño Edwin Silva, quienes aseguraron públicamente que “no habrá elecciones” si Evo Morales no es habilitado, pese a su inhabilitación legal por haber ejercido dos mandatos consecutivos, como determinó el Tribunal Constitucional.

En este contexto, Quispe también recordó que el pasado lunes 12 de junio se realizó una cumbre nacional interinstitucional con el objetivo de garantizar el desarrollo de las elecciones. En ese encuentro se acordó que el Ministerio Público y otras instituciones estatales actuarán para identificar e investigar a los autores materiales e intelectuales de cualquier intento de obstrucción al proceso democrático.

“Bajo este estado de derecho, este proceso electoral tiene que avanzar y corresponde que las otras instituciones acompañen y de esa manera garanticemos esta fiesta democrática”, concluyó el vocal electoral.

El TSE ha reforzado sus mecanismos de coordinación con el Órgano Judicial, la Policía Boliviana y la Fiscalía General, con el objetivo de asegurar que los más de 7,5 millones de votantes puedan acudir a las urnas sin amenazas ni interferencias, tal como lo establece la Constitución Política del Estado.