El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, advirtió que el proceso electoral en curso está siendo distorsionado por el uso estratégico de vacíos legales para realizar sustituciones de última hora en las candidaturas, lo que podría derivar en irregularidades e impugnaciones.

“Con mucha honestidad, yo le digo, van a haber unas sorpresas, unas maravillosas sorpresas este miércoles 13 de agosto, porque la ley permite aquello”, dijo en entrevista con radio Éxito, haciendo referencia a posibles maniobras de partidos políticos para introducir cambios en sus listas justo antes de las elecciones generales del próximo 17 de agosto.

Quispe explicó que el proceso electoral está regulado principalmente por tres normas: la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley 026 de Régimen Electoral y la Ley 1096 de Organizaciones Políticas. Según el vocal, desde 2010 todos los procesos electorales se han llevado a cabo bajo estas leyes, pero en la actual contienda se ha evidenciado un uso cuestionable de los tiempos y plazos establecidos, por parte de actores políticos.

“La Ley 026 ha sido aprobada desde el año 2010, todos los procesos electorales han estado bajo este párrafo. Lo que pasa es que ahora esta elección es algo singular”, indicó, aludiendo a un contexto marcado por amenazas de boicot, conflictos internos partidarios y posibles intentos de vulnerar la normativa electoral.

A juicio del vocal, algunos actores políticos estarían aprovechando los márgenes legales permitidos para realizar sustituciones tardías de candidatos, lo cual, aunque técnicamente permitido por la ley, podría ser utilizado para evadir procesos de impugnación o generar ventajas indebidas. “Seguramente este miércoles 13 de agosto habrán muchas sustituciones en candidaturas (…) para que muchas candidaturas no sean objeto de impugnación, y eso está mal”, expresó con preocupación.

Estas declaraciones surgen en medio de crecientes tensiones políticas y amenazas públicas de sectores afines al expresidente Evo Morales, quienes insisten en que no permitirán las elecciones si él no figura como candidato, pese a estar inhabilitado por una sentencia del Tribunal Constitucional. Morales ha intentado mantener su presencia en la contienda mediante alianzas con frentes como Pan Bol, ahora sin personería jurídica.

Quispe reiteró que impedir o boicotear el proceso electoral constituye un delito, penado con hasta cinco años de cárcel, de acuerdo con la Ley 026. Asimismo, recordó que una cumbre interinstitucional realizada el pasado 12 de junio determinó que el Ministerio Público investigará a los autores materiales e intelectuales de cualquier intento de sabotaje al proceso democrático.

El TSE ratifica que los comicios del 17 de agosto se realizarán “sí o sí”, en cumplimiento del mandato constitucional que establece el cambio de gobierno para el 8 de noviembre de este año.