A pesar de haber sido paralizado en dos ocasiones la inscripción de candidatos en la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) perfila la realización de las elecciones judiciales para el 26 de noviembre de este año, informó ayer el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe. Así, los magistrados electos serán posesionados el 3 de enero de 2024.

La autoridad electoral informó que esa posición fue expresada a los integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, a quienes se les recalcó que el plazo «mínimo e idóneo» que requiere el TSE para administrar los comicios judiciales, es de 120 días, o sea cuatro meses.

Tahuichi recordó que el plazo de 90 días que fue otorgado al TSE para preparar los comicios en 2017 fue «irresponsable», debido a que incluso puso en riesgo la realización de ese evento electoral.

Las labores encaminadas a las elecciones judiciales empezaron en abril de este año, cuando la Asamblea Legislativa abrió el proceso de inscripción de postulantes. Sin embargo, este proceso fue paralizado en dos oportunidades, a raíz de recursos de amparos constitucionales que se interpusieron en contra de los requisitos aprobados por la Asamblea Legislativa.

Al respecto, Tahuichi sostuvo que, pese a esos contratiempos, aún se encuentra en el marco del plazo previsto para que las elecciones judiciales se lleven a cabo la última semana se noviembre. «Depende de cómo se tramita», advirtió.

En todo caso, aseguró que se explicó a los senadores de la Comisión de Constitución los plazos técnicos y legales para llevar adelante los comicios judiciales.

Precisó que las tareas del TSE, con miras a las elecciones judiciales, son la conformación del padrón electoral, la capacitación del personal, difusión de méritos de los candidatos por al menos 45 días y el envío de las boletas de votación, entre otras.

Esta semana, la presidenta de la Comisión de Constitución del Senado, Patricia Arce, aseguró que este año habrá «sí o sí» elecciones judiciales. Llamó a las tres fuerzas políticas con representación parlamentaria a consensuar normas legales para la convocatoria a comicios y para ajustar los plazos electorales. (Brújula Digital)