En su programa de Gobierno incluye propuestas como reformas radicales en la economía, justicia y medio ambiente, además del “congelamiento” de empresas públicas, reestructuración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y otros.

El PDC, a la cabeza de Rodrigo Paz Pereira, va a la segunda vuelta de votación contra Libertad y Democracia (LIBRE) de Jorge Tuto Quiroga Ramírez, para que los bolivianos elijan a Presidente y Vicepresidente, el 19 de octubre.

El programa de Gobierno del PDC incluye un análisis que hace referencia a una “asfixia centralista” y cuestiona que el nivel central concentra el poder y la toma de decisiones del país, “en lugar de distribuirlo entre las distintas regiones o entidades locales”.

Por otro lado, sostiene que Bolivia enfrenta una coyuntura crítica multidimensional, que tiene en estado de “terapia intensiva” a la economía, la institucionalidad del Estado y el sistema judicial.

Entre los aspectos a resaltar de este documento está el planteamiento de un nuevo modelo económico 50/50, proponiendo redistribuir el presupuesto entre el nivel central, las autonomías y universidades públicas en partes iguales.

JUSTICIA

En lo relacionado con una ‘reforma judicial profunda’, el PDC propone una reingeniería en la formación de abogados, la institucionalización del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional con apoyo internacional, además de la digitalización de la justicia y la creación de la Comisión de Reforma Judicial conformada meritocráticamente y con apoyo de organismos internacionales. 

EDUCACIÓN Y SALUD

Para el ámbito de la salud y la educación, apuntan a la implementación de un sistema educativo de calidad y competitivo con estándares internacionales 50/50 y el mejoramiento del acceso de la población a un sistema de salud de calidad 50/50.  

Entre las políticas y estrategias para las dimensiones sectoriales del PDC, consideran en lo educativo la actualización de la currícula, formación docente especializada con pedagogías actuales, digitalización en las unidades educativas y la generación de un sistema trilingüe certificado (castellano + lengua originaria + inglés).

En el ámbito de la salud, contempla un nuevo modelo de desarrollo de hospitales públicos y privados, el plan de atención humanizada, la eliminación de la burocracia para atención en sistemas públicos, el fortalecimiento de los programas de salud de los grupos más vulnerables (atención materno infantil, adulto mayor, personas con discapacidad, ontológico, renales) y digitalización, entre otros.

COMPROMISO AMBIENTAL

Por otro lado, el PDC incluye en su plan de Gobierno la derogación de las denominadas “leyes incendiarias” que favorecen desmontes, la erradicación de minería ilegal y mayor control en áreas naturales, además de la creación de un fondo para la descarbonización y promoción del hidrógeno verde, energía solar y eólica.

La Política 6 del programa de este frente político se refiere a la protección del medio ambiente y la utilización responsable de los recursos hídricos. Entre sus estrategias también incluye la prevención y control de incendios forestales y la promoción de educación ambiental.

PROTECCIÓN

Sobre una inclusión social amplia, se enfoca en la protección específica para mujeres, niñez trabajadora, población LGBTI, personas con discapacidad, adultos mayores y también los animales.

La Política 5 detalla estrategias como los programas de erradicación de la pobreza y exclusión social con enfoque comunitario, el acceso prioritario a servicios de salud y bienestar integral, la protección y bienestar de animales como parte del entorno social y el acceso a servicios públicos veterinarios y programas de salud animal.

SEGURIDAD Y DEFENSA

Entretanto, para el ámbito de la seguridad y defensa, aseguran que harán uso de inteligencia artificial, drones y videovigilancia en seguridad ciudadana; que habrá una reforma penitenciaria enfocada en reinserción social; y que se dará la modernización de Fuerzas Armadas (FFAA) y Policía, con énfasis en ciberdefensa.

La Política 13 despliega estrategias como el fortalecimiento de la seguridad informática y ciberdefensa nacional y el impulso a la aprobación de los anteproyectos de ley de Seguridad y Defensa Integral, Orgánica del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional y Sistema de Inteligencia del Estado.

Mientras tanto, la Política 14 ofrece, entre otras, estrategias como la modernización y profesionalización de la Policía Nacional, el fortalecimiento de la atención prioritaria a víctimas y enfoque de género y el uso de inteligencia artificial, sistemas de videovigilancia, drones y plataformas digitales integradas.

Entre otros puntos, esta organización política propone el congelamiento y posible cierre de empresas públicas deficitarias.

También ofrecen la recomposición de precios de combustibles fósiles en el país, “para reducir los desbalances fiscales”.

Respecto a la reactivación de la exploración y explotación de hidrocarburos y promoción de la utilización de energías renovables, las estrategias mencionan los incentivos legales y fiscales para atraer inversión en exploración y explotación; el desarrollo y puesta en producción de nuevos yacimientos estratégicos; el plan estratégico de exploración y ampliación de reservas con cooperación técnica y fortalecimiento institucional; la promoción y desarrollo de energías renovables complementarias; la optimización y modernización de la infraestructura energética con inversión pública y privada; la gestión sostenible y reducción de subsidios para garantizar viabilidad económica; la reestructuración de YPFB, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE); y la modernización del ordenamiento jurídico que regula la cadena hidrocarburífera y energética.

Además, el Partido Demócrata Cristiano prevé, en el marco de un nuevo modelo económico, en caso de ser Gobierno nacional, la creación de un fondo de estabilización cambiaria para unificar el tipo de cambio, a partir de recursos de libre disponibilidad negociados con bancos multilaterales, el alivio de los flujos de salida de divisas por la renegociación de la deuda externa y nuevos recursos provenientes de “programas de sinceramiento patrimonial” de bienes en el país o en el exterior, tales como dinero en efectivo, cuentas bancarias, inmuebles, automóviles, criptoactivos y créditos, entre otros.