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Medio: El Diario
Fecha de la publicación: sábado 14 de junio de 2025
Categoría: Autonomías
Subcategoría: Autonomía Indígena
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El activista aymara y miembro permanente en Ginebra del Consejo Indio de Sudamérica (CISA), Tomás Condori, dijo que todos los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación incluyendo la potestad de decidir libremente sobre su futuro, su condición política, su desarrollo económico, social y cultural, además de proteger su tierra y territorio, recursos naturales y patrimonio cultural, como lo establece el Convenio 169, antes de caer en el “pongueaje político” y el engaño de los partidos que candidatean en las Elecciones Generales 2025.
“Están usando a los pueblos indígenas como en el pongueaje (servidumbre indígena) para los patrones del gobierno y como escalera de los candidatos que aparecen públicamente vestidos con ponchos y lluch’us para engañar a los indios que no fueron tomados en cuenta en sus propuestas”, criticó el activista aymara.
El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fue adoptado en 1989 y entró en vigor en 1991 y fue ratificado por 24 países del mundo. “Es un instrumento internacional que se refiere principalmente al derecho que tienen los indios de decidir sobre la tierra y territorio, los recursos naturales y el patrimonio cultural”, remarcó.
Explicó que la conciencia de identidad indígena deberá ser considerada como un criterio fundamental para determinar los grupos interesados; en otras palabras, ningún Estado o grupo social tiene el derecho de negar la identidad que pueda afirmar un pueblo indígena o tribal.
ALGO DE HISTORIA
El activista aymara que es exintegrante del conjunto Los Jairas, artesano, mascarero, bordador y músico, mencionó que fue en 1935 después de la Guerra del Chaco, cuando se quedaron 49 indios de diferentes regiones en Villamontes, quienes participaron de un encuentro para la Firma del Protocolo de Paz con Paraguay; sin embargo, “esta reunión también permitió de alguna manera el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el respeto a su cultura, pero aún no estaba completo”.
“El general Busch dijo que hay que hacer estudiar a los indios, por lo que algunos patrones pusieron en la escuela a sus pongos (indígenas), pero no todos cumplieron”, rememoró Condori al remarcar que en 1952 con la Revolución Nacional se liberaron los indios, conjuntamente la reforma agraria, la nacionalización de las minas y la inclusión política de los indígenas fueron elementos fundamentales que transformaron su situación, pero no se mencionaba la descolonización.
Indicó que la existencia de un anterior convenio elaborado por los Estados en Ginebra, el denominado Convenio 107 pretendía y tenía la intención de integrar al indio al Estado, este hecho ocasionaba que los indígenas dejaban su tierra, su idioma y que ya no podrían recuperar lo más preciado “que es su historia y de esa manera dominarlos”.
Esto fue reemplazado por el Convenio 169, que comenzó con el reconocimiento del problema de los indígenas en el contexto internacional y la necesidad de proteger sus derechos y asegurar su participación en las decisiones que les afectan.
Condori indicó que, en 1991, Bolivia reconoció el Convenio 169 durante el gobierno de Jaime Paz Zamora. “Pasé por la plaza Murillo y busqué a los de la confederación campesina para ir a presenciar la ratificación del convenio en nuestro país, pero me respondieron que ellos no eran indios, sino campesinos”, añadió.
Dijo que durante el gobierno de Evo Morales se utilizó a los pueblos indígenas y haciéndoles creer que son una clase social, fueron usados como escalera y en el “pongueaje político”.
Para el activista aymara, que se considera coautor del Convenio 169 por el seguimiento que realizó al instrumento legal desde las Naciones Unidas, ahora es el momento que los pueblos indígenas deben organizarse, valorizarse, retomar su identidad como nación que tiene tierra, territorio y sus recursos naturales, para que entre unos 20 a 30 pueblos indígenas discutan sobre sus derechos convocando al Estado boliviano para que asuma de una vez el instrumento legal.



