La campaña del binomio de Alianza Popular, que postula a Andrónico Rodríguez y Mariana Prado, incurre en vulneraciones a la Ley de Régimen Electoral 026, al menos en dos artículos sobre el uso de imágenes de otros candidatos y el porte de símbolos patrios en concentraciones con sus militantes.
Según el artículo 119 de la normativa electoral, tanto en actos públicos de campaña como a través de los medios de comunicación, queda prohibido el uso de “símbolos, colores, lemas, marchas, imágenes o fotografías de otras organizaciones políticas o candidaturas”; así como el uso de símbolos del Estado Plurinacional.
Durante la presente campaña, propaganda que fue difundida en medios de comunicación, pero sobre todo en redes sociales, entre ellos, un spot de campaña de Alianza Popular, muestra al binomio socialista como la “renovación y la esperanza”, pero a su vez, se usan las imágenes de los tres principales candidatos de oposición con lemas como “Ellos privatizaron en el pasado y ahora quieren privatizar nuestro futuro”.
En la cuenta oficial y verificada de Rodríguez en Facebook, además, se compartió ese spot acompañado con el siguiente texto: “La derecha de Tuto y Samuel quiere cortar los subsidios de los alimentos. ¿Sabes lo que eso significa? Alimentos más caros y menos comida en tu plato”.
En otro caso, durante los actos de campaña del dirigente cocalero y presidente del Senado, se utilizan las banderas de esa alianza política, con los colores celeste y verde, pero también con la wiphala, que es considerado como un símbolo del Estado Plurinacional.
No solo las organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS), que hoy apoyan a Rodríguez, llevan las wiphalas a los actos proselitistas de Rodríguez, sino que el propio candidato usa ese símbolo, sobre todo cuando se presenta en regiones andinas.
De igual forma, en redes sociales, Alianza Popular recurre al discurso racial: “Nosotros somos quienes defendemos la wiphala, la pollera y el trabajo digno para todas y todos”.
De acuerdo con la normativa vigente, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debería actuar de oficio en estos casos o atender cualquier denuncia ciudadana. Las campañas proselitistas y de difusión de propaganda se desarrollarán hasta el 13 de agosto, para luego entrar en la etapa de silencio electoral.