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Medio: Brújula Digital
Fecha de la publicación: domingo 24 de agosto de 2025
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, anunció este domingo que planteará a la Sala Plena no autorizar encuestas de preferencia electoral para la segunda vuelta, debido a los constantes errores que, según dijo, han desprestigiado a este mecanismo en Bolivia.
“En cada proceso electoral las encuestas fallan, desprestigiando a este mecanismo. Lamentablemente en Bolivia se está deslegitimizando por los errores que están cometiendo”, afirmó Ávila en entrevista con el programa Hagamos Democracia de la red Erbol.
El vocal explicó que la suspensión regiría “hasta no tener la seguridad de que esas encuestas hagan un buen trabajo” y adelantó que propondrá una decisión drástica en la Sala Plena. Además, insistió en que se requieren cambios normativos y sanciones más severas contra las empresas encuestadoras.
Encuestas vs. resultados: la gran diferencia
Las declaraciones de Ávila se producen después de que la última encuesta previa a las elecciones generales situara a Samuel Doria Medina en primer lugar con 21,3%, seguido por Jorge Tuto Quiroga (14,9%) y Rodrigo Paz (13,7%).
Sin embargo, los resultados oficiales fueron muy distintos: Rodrigo Paz ganó con 32,06%, seguido de Tuto con 26,70%, mientras que Doria Medina cayó al tercer lugar con 19,69%. La diferencia refleja un desfase de más de 10 puntos porcentuales respecto a lo pronosticado.
Otros casos también evidenciaron errores: Andrónico Rodríguez pasó de 5,7% en encuestas a 8,5% en resultados, y Manfred Reyes Villa de 3,9% a 6,7%.
Redes sociales y nueva normativa
Ávila también alertó sobre la desinformación en redes sociales, un fenómeno que observadores de la Unión Europea ya identificaron como un problema global. Informó que el TSE trabaja con Chequea Bolivia y Bolivia Verifica, además de coordinar con la Unión de Organismos Electorales de Latinoamérica.
Finalmente, expresó que espera que los nuevos parlamentarios prioricen la modificación de la Ley de Régimen Electoral, que tiene más de 15 años y no contempla la regulación de redes sociales.



