Una vez que pasen las elecciones de este domingo los legisladores deben retomar su agenda y dejar de lado los temas políticos, para dar curso a la aprobación de los créditos bloqueados por más de $us 1.741 millones y de 80 proyectos de ley, afirmó el primer secretario de la Cámara de Diputados, Delfor Burgos (MAS-IPSP).

“Actualmente hay más de mil millones de dólares en créditos que requieren ser analizados y definidos, además de unos 80 proyectos de ley que aún no han sido tratados”, explicó, citado en un reporte de la Cámara de Diputados.

La campaña política hizo que diputados y senadores no acuden al Legislativo, lo que en varias ocasiones evitó haya el quórum necesario. Sin embargo, manifestó su confianza en que, desde la próxima semana, se retome el ritmo legislativo y se dé cumplimiento a la agenda programada.

“Tenemos la concepción de que debemos tratar todos los proyectos de ley que tenemos pendientes y, si no los quieren aprobar, que no los aprueben, que los rechacen, pero debemos tratarlos (…), para eso nos paga el pueblo boliviano: para trabajar y favorecer con estos proyectos a los sectores y al pueblo”, afirmó.

Desde 2023, la Asamblea Legislativa Plurinacional no viabiliza 17 proyectos de ley de créditos por $us 1.741 millones, destinados a distintos proyectos y programas.

Entre los proyectos de ley pendientes de tratamiento están los contratos de industrialización del litio y el proyecto de ley 092/2024-2025 que prohíbe los matrimonios y uniones forzadas de menores de edad en Bolivia.

El proyecto fue impulsado inicialmente por la senadora Virginia Velasco (MAS-IPSP) y ahora está en manos del pleno de la Cámara de Diputados para su tratamiento.

La propuesta cuenta con el respaldo de dos instituciones que acompañaron el proceso de elaboración y aprobación: la Secretaría Técnica de la Comunidad de Derechos Humanos y la organización no gubernamental IPAS Bolivia.

Por su parte, la representante de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá, aseveró que este paso es fundamental, y que espera que todos los diputados consideren su aprobación de manera urgente. “La aprobación de esta ley representará un cambio muy importante, ya que protegerá los derechos de la niñez y la adolescencia”, afirmó.

Entre 2010 y 2022, se registraron más de 11.000 matrimonios y uniones infantiles en Bolivia. Pese a que la ley establece los 18 años como edad mínima para casarse, las excepciones legales permiten matrimonios de menores de 16, lo que ha tenido graves consecuencias para la salud y el bienestar de esa población.

Al respecto, la directora de IPAS Bolivia, Malena Morales, afirmó que erradicar las uniones tempranas beneficiará a las niñas y destacó que el Estado debe cumplir con las recomendaciones internacionales para prohibir estas prácticas.

Además, subrayó que la Cámara de Diputados tiene un rol histórico en esta causa y que la aprobación de esta ley tendrá un impacto positivo en la vida y la salud de las menores de edad.

Los actuales legisladores cumplirán su mandato de cinco años el 8 de noviembre, al igual que el presidente y el vicepresidente.

“Hasta el 8 de noviembre tenemos la obligación de trabajar, porque aún hay mucho por hacer y las leyes pendientes son de beneficio para nuestras regiones. No tratar estos temas sería una irresponsabilidad”, advirtió Burgos.