Llevamos 35 años de democracia y todavía tropezamos cada vez que se produce un acto eleccionario.

Habíamos superado problemas de transparencia, pero últimamente se ha retrocedido y la credibilidad no es precisamente el valor más importante de quien hace las veces de árbitro. Peor cuando se trata de un proceso tan grotesco como el que culminará este domingo 3 de diciembre.

Como en todo lo que sucede  últimamente en la vida pública nacional, el Gobierno ha metido mucha mano en la elección de los candidatos a conducir las entidades judiciales que justamente están para controlar el ejercicio del poder en el país. No se respetó ninguno de los principios que contribuyen a la independencia de los tribunales y a eso debe sumarse unas complicadas reglas de juego en materia de campaña, restricciones a la comunicación y obviamente, la falta de confianza en las autoridades electorales, que  cada día ponen en evidencia más signos de parcialización, lo que genera temor lo que pueda ocurrir el domingo.

En medio de la confusión, la manipulación y la falta de rigor del Tribunal Supremo Electoral a la hora de establecer los mecanismos de control del acto de sufragio, surge la tensión del oficialismo, porque lo del domingo no es solo un trámite para nombrar a los principales jueces del país, sino que la misma hambruna de poder que lleva debajo el Gobierno, ha convertido este evento en un mecanismo plebiscitario. Esto acarrea mayor polarización política que se traduce en amenazas e insultos que enrarecen un ambiente en el que debería primar el debate, las propuestas y la adecuada información sobre los candidatos, otro gran problema que no se ha sabido encarar.

En los últimos días todos los ministros, a la cabeza del presidente, se han abocado a hacer campaña a favor de la elección y han desatado toda su artillería en contra de los que promueven el voto nulo, tratando de destacar en todo caso que las iniciativas actuales en torno del poder judicial son superadoras del cuoteo que imperaba durante la denominada “democracia neoliberal”.

En medio de toda esta pugna surgió el fallo del Tribunal Constitucional que aprueba la reelección indefinida de las autoridades electas por el voto popular, hecho que no hace más que echar leña al fuego al debate sobre el voto nulo. La gran pregunta que suena hoy es sobre la incidencia que tendrá la decisión en la conducta de los votantes. Existe la presunción en el régimen de que esta noticia puede inhibir la participación de la gente, aunque lo más probable es que la indignación de los ciudadanos fomente no solo la concurrencia masiva a las urnas, sino también una expresión mucho mayor de la prevista de los que buscarán rechazar la violación de la constitución a través de un voto castigo.

Lo del domingo no es solo un trámite para nombrar a los principales jueces del país, sino que la misma hambruna de poder que lleva debajo el Gobierno, ha convertido este evento en un mecanismo plebiscitario.