El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó este jueves que su despacho recibió 475 denuncias durante la jornada de votación de las elecciones generales, el domingo 17 de agosto. Detalló que denuncia más recurrente fue la dificultad de la ciudadanía para obtener su certificado de impedimento.

Callisaya presentó el Informe de Monitoreo de Derechos Humanos de las Elecciones Generales 2025, que fue elaborado tras la cobertura de la jornada de votación.

El documento, según un reporte de la Defensoría del Pueblo, fue entregado a representantes del Centro Europeo de Asistencia Electoral (CEAE) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), e incluye información recabada en 904 recintos electorales y 1.056 mesas de sufragio de 89 municipios del país

El Defensor del Pueblo también detalló que las otras denuncias recurrentes tienen que ver con problemas con el voto preferente, ausencia de puntos de información, demoras en las mesas, dificultades en el voto asistido y ciudadanos que habían sido depurados de las listas electorales.

A raíz de las denuncias recibidas, el informe del Defensor del Pueblo identifica entre sus principales conclusiones la falta de condiciones de acceso para personas con dificultades de movilidad, la ausencia de espacios específicos para ejercer el voto asistido y la reducida participación de mujeres en las presidencias de mesa, señala un reporte oficial.

Según detalló Callisaya, el 28% de los recintos monitoreados no eran accesibles para personas con movilidad reducida, y en el mismo porcentaje no se habilitó un espacio destinado al voto asistido. Asimismo, en el 53% de las mesas, los jurados reportaron haber recibido solicitudes de voto asistido y preferente.

“La jornada electoral transcurrió en un clima de orden, paz y transparencia: el 85% de los recintos monitoreados tuvo esa característica y solo en el 15% restante se registraron inconvenientes que fueron superados”, resaltó Callisaya.

A partir de los hallazgos, la Defensoría emitió ocho recomendaciones: cinco dirigidas al Órgano Electoral Plurinacional (OEP), dos a la Policía Boliviana y una a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El reporte de la Defensoría del Pueblo precisa que al Órgano Electoral Plurinacional (OEP), el informe recomienda reforzar la evaluación de la capacitación de jurados en materia del voto asistido, preferente y accesibilidad; fomentar la participación de mujeres en la presidencia de las mesas; ampliar los espacios para el voto asistido; e implementar protocolos claros y uniformes para la emisión de certificados de impedimento.

A la Policía Boliviana, se recomendó garantizar la seguridad bajo un enfoque de derechos humanos y establecer mecanismos que permitan a los efectivos policiales ejercer su derecho al voto.

Finalmente, la Defensoría instó a la ALP a promover reformas normativas que fortalezcan la inclusión y accesibilidad electoral, así como a impulsar campañas de sensibilización contra el racismo, la discriminación y la intolerancia política.