Pero es precisamente en la mayor turbulencia donde se prueba la consistencia de aquello en lo que se cree, se predica y se ha reivindicado de manera categórica. Creo que el mar es una causa, la más importante de nuestra política exterior, creo que es un factor de unidad y creo que el objetivo de lograr un acceso soberano al Océano Pacífico es una prioridad nacional.

No tengo la menor duda de que desde 1910, quienes nos antecedieron en el gobierno y en el manejo de nuestras relaciones exteriores, salvo contadas excepciones, nos han dejado un extraordinario legado que prueba –contra lo que afirman los cultores de la autoflagelación- que Bolivia hizo las cosas bien y dejó una huella de consistencia, que ha permitido la construcción de nuestro caso internacional más importante. Siguiendo ese camino tan bien trazado, ratifiqué en el mayor foro hemisférico, la Cumbre de las Américas, que la solución de nuestra forzada mediterraneidad pasaba por dialogar con Chile para lograr un acceso soberano, subrayando el valor inescapable de la palabra soberanía.

La lucha por la causa marítima se hizo y se debe hacer, por encima de todo, como una política de Estado. Al Presidente Morales se le abrió una oportunidad única que supo aprovechar y encaminar adecuadamente. Después de su primer periodo de gobierno en el que primó el voluntarismo, la idealización de la “diplomacia de los pueblos” y la presunción de que la identidad ideológica con su colega Bachelet facilitarían la solución del diferendo, asumió con realismo, claridad y decisión política, un nuevo camino, el de iniciar un proceso jurídico ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Contaba con bases nuevas que, bien utilizadas, permitían abrigar el éxito. Para ello conformó un equipo amplio con el pivote de la vicepresidencia y el ministerio de RR.EE., basado en la premisa de que la cuestión estaba por encima de la política diaria. Creó Diremar, formó un Consejo de Asesoramiento integrado en diversas instancias por ministros, expresidentes y excancilleres. Nombró como Agente y coordinador del equipo jurídico al expresidente Eduardo Rodríguez y me invitó a ser portavoz de la Demanda ante la comunidad internacional.

Formamos un equipo que hizo su trabajo en diferentes etapas, durante cinco largos años. Los hechos probaron que estábamos desarrollando una política de Estado y que con seriedad, coherencia y sin improvisaciones, se presentó una demanda novedosa e imaginativa, pero asentada en sólidos fundamentos jurídicos. El primer fruto -de una importancia que se valorará en su real dimensión muy pronto- fue el fallo de la CIJ ante la Demanda Preliminar de Incompetencia presentada por Chile. La CIJ no sólo rechazó en su totalidad esa demanda, sino que sentó las bases argumentales de las que tratará el fallo del 1º de octubre de 2018. Cualquiera sea el contenido de la decisión que se conozca en La Haya -en mi opinión, es pertinente esperar un resultado favorable a Bolivia-, me parece claro que  se escogió la buena dirección.

En los últimos días se ha polemizado en torno a quién se debe atribuir la paternidad de la Demanda. La respuesta fácil y que se ajusta a la verdad es que ha sido y es el trabajo de un equipo conformado por centenares de personas, que hicimos lo que se nos encomendó dando lo mejor de nuestras capacidades para lograr el objetivo de ganar el litigio. Pero sería mezquino y oportunista no reconocer que quien asumió el riesgo y tomó una decisión política clara que sostuvo a lo largo de estos cinco años, ha sido el Presidente Evo Morales, es él, el principal artífice de este proceso.

Pero si es imprescindible entender el alcance de esta política de Estado, no lo es menos separarla del momento que estamos viviendo. Igual que no me parece mal que si Bolivia tiene éxito, el Presidente coseche políticamente ese eventual logro, estoy convencido de que en ningún caso será un certificado de validación de su presidencia indefinida. El Presidente debe entender que su “habilitación” nada tiene que ver con su origen, ni con su carácter, ni con sus acciones buenas, regulares o malas y, por supuesto, nada tiene que ver con el mar. Evo Morales no puede ser candidato a la Presidencia porque el pueblo boliviano expresó el 21F su decisión soberana e inalienable traducida en el NO a la modificación del artículo 168 de la CPE. El respeto al resultado del Referendo del 21F es también una causa nacional por la que debemos jugarnos todos quienes creemos en la democracia y sus reglas.