Ante las denuncias de que se estaría obligando a funcionarios a votar por un determinado partido, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, advirtió que esto es un delito de hasta tres años de cárcel y que se procesará con “mano dura”.

Las denuncias fueron difundidas por políticos y funcionarios que pidieron reserva en su identidad.

El diputado Anyelo Céspedes acusó al Gobierno de obligar a los funcionarios a mostrar la foto de su voto y de cinco de sus familiares.

El exdiputado Amilcar Barral brindó la misma versión e indicó que la instrucción sería bajo amenaza de despido. Dijo que es una forma de fraude y que el Órgano Electoral debería impedir el ingreso de celulares al recinto de votación.

Estos hechos fueron corroborados por funcionarios de distintos ministerios, quienes de manera reservada explicaron que la coacción del voto direccionado y de cinco familiares, con fotografía como prueba, se estaría realizando con amenaza de despido o sanción administrativa.

El vocal Tahuichi enfatizó que la coacción electoral es un delito que tiene de uno a tres años de cárcel, puesto que el voto es libre, individual y secreto.

Aseguró que al TSE no le temblará la mano de procesar y sancionar al que coaccione el voto.

La autoridad aclaró que no hay una restricción respecto al celular en los recintos electorales, mientras no se muestre el voto en ese momento.

Sin embargo, invitó a los funcionarios afectados a presentar su denuncia sin ningún temor, en caso de que sufra algún chantaje o coacción, adjuntando la prueba idónea.

El vocal ratificó que no le temblará la mano para sancionar este tipo de hechos.