“Esa sentencia es ilegal, arbitraria. Este precedente es funesto para los alcaldes del país porque ahora, a simple acusación, pueden ser suspendidos por concejales. Sólo me queda acudir a la vía internacional para hacer respetar mis derechos”, dijo en contacto con este medio.

La autoridad edil precisó que el recurso legal será entregado en Washington, EEUU, a través de un apoderado porque él no puede viajar debido a que se encuentra arraigado.

“No estoy muerto, no tengo una sentencia condenatoria ejecutoriada, tampoco renuncié ni fui revocado para estar suspendido”, remarcó el burgomaestre, a tiempo de explicar que éstas son las causales que establece la Ley Electoral Nº 26 para que una autoridad sea alejada de sus funciones temporalmente.

Mérida espera que la CIDH se pronuncie en seis meses y agregó que, mientras, afrontará los procesos que tiene por presuntos hechos de corrupción.

El Alcalde electo fue suspendido por los 11 concejales el 8 de junio, por orden del juez de partido de Sentencia Penal y Liquidador 1, Elvis López, quien decidió el alejamiento temporal de la autoridad por tener pliego de cargo acusatorio y sentencia condenatoria de tres años y seis meses por la presunta falsificación del certificado de su libreta militar.

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Osinaga, ponderó el veredicto del TCP porque considera que puso punto fin al conflicto por la silla edil.

“La sentencia demuestra que la jueza Olma Rojas cometió un error garrafal e incluso un delito, porque no se puede revocar una acción con otra acción. Ella es la causante de estos tres meses de inestabilidad en la Alcaldía. Nosotros hemos acatado lo que dicen las normas y la Constitución Política del Estado”, manifestó.

La resolución No. 24335 emitida por el TCP el 13 de septiembre exhortó al Consejo de la Magistratura investigar a Rojas por crear una confusión jurídica al ordenar la restitución de Mérida el 13 de julio.

Osinaga expresó que lo que resta es olvidar lo ocurrido y enfocarse en trabajar para incrementar la ejecución de obras en los diez distritos .

“La prioridad de la gestión del alcalde suplente Zacarías Jayta tienen que ser los servicios básicos, salud, educación y de una vez se debe solucionar el problema del Plan Maestro”, mencionó.

Actualmente, Mérida tiene 35 procesos y sus próximas audiencias se llevarán a cabo el 23 y 24 de este mes.

FISCALIZACIÓN CONTINUARÁ

El concejal del Frente Para la Victoria (FPV), Héctor Montañó, aseveró que la labor de fiscalización por parte del órgano deliberante al Ejecutivo municipal continuará aunque en la Alcaldía sea dirigida por su par Zacarías Jayta.

“Seguiremos cumpliendo nuestro rol para garantizar a la población una gestión transparente. Aplaudimos el fallo del TCP porque puso fin a la crisis política en Quillacollo”, subrayó.

Montaño, además, acotó que el conflicto sirvió para fortalecer a las tres fuerzas políticas que del legislativo municipal. Sin embargo, descartó que eso implique que hayan pactado con el MAS.