El llamado genuino, veraz y oficialmente franco para esperar en unidad nacional el conocimiento del fallo sobre la demanda marítima no está siendo, al parecer, aceptado o al menos considerado por algunos representantes de sectores de opinión, según recientes declaraciones que mezclan el mayor anhelo nacional con variantes de la política doméstica.

Sin asumir la diferencia entre la política de Estado y las que guían los intereses partidarios y electorales, voceros de algunas fuerzas en pugna por el poder han mezclado, de manera eventual y de corto alcance, esperamos, dos tendencias divergentes: los resultados de la consulta nacional de 2016 propugnados por los promotores  del llamado 21F y el  fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que habilitó en 2017 la postulación de todos quienes estaban inhabilitados, incluidas las autoridades de todos los niveles de gobierno.

A dos semanas de la lectura de la sentencia que emitirá la Corte Internacional de Justicia, quizá el dictamen  más importante que haya aguardado el país en toda su historia, los bolivianos no pueden ni deben estar enfrascados en enfrentamientos electoralistas y tienen, más bien, la obligación de superar siquiera temporalmente sus diferencias y sus ambiciones, a menudo grupales y hasta personales, impulsadas acaso sólo por las miserias de la codicia, o simplemente por la avidez monetaria y el medrar de un puesto público o privado.

 Esto que pareciera ser una convocatoria ingenua, va sin embargo de la mano de los constantes recordatorios del Presidente en sentido de que Bolivia, aguardando el fallo en unidad y certeza de un resultado favorable, se ha mantenido preparada para negociar de buena fe y ha reiterado su confianza en la justicia mundial para lograr la solución que espera únicamente por medios pacíficos.

Contrasta esta actitud llana y sincera con la demostrada en los últimos días por voceros del Estado chileno, obsesionado en su conspiración por dividir a los bolivianos antes y después de invadir litoral ajeno para apropiárselo. Lo hizo en el siglo XIX y también en el XX, pero vuelve a la carga entrado el siglo XXI alimentando las diferencias de algunos sectores hacia los gobiernos progresistas que no han querido someterse a la tutela de Santiago y La Moneda para continuar con décadas y décadas de dilaciones que no han llevado a ninguna parte.