Por caso, cualquier opinión que critique una nueva repostulación y ponga en duda la continuidad del Mandatario es calificada de mentira. También son falsas las noticias que apuntan al despilfarro del erario público, como la construcción de un museo para exaltar la figura presidencial (Bs 49,5 millones); un nuevo palacio de gobierno que no solo es caro ($us 36 millones), sino que además constituye un atentado contra la estética de la sede de gobierno; o una millonaria sede parlamentaria ($us 65 millones) para una institución en crisis, que fue ofrecida como salón para justificar su existencia.

No obstante, como ocurre con aquellos términos que al ser mal utilizados pierden fuerza, cuando una autoridad proclama a voz en cuello que los medios mienten, que son de la derecha vende patria, y otras lindezas por el estilo, lo único que se logra es sospechar que hay algo por detrás. Tampoco ayudan las mentiras que parten de labios oficiales, como el supuesto éxito del mencionado museo y su propósito: explorar la “verdadera” historia del país; cuando en realidad es un monumento al ego del Mandatario. A su vez, la Casa Grande del Pueblo, más que ayudar, perjudica, y no solo durante su construcción, sino también ahora que está concluida, agravando el caótico tráfico paceño.

Y lo propio ocurre con los ataques que buscan defenestrar la defensa de la ciudadanía en procura de hacer respetar el voto manifestado por la población el 21F, rechazando la repostulación indefinida de los mandatarios establecida en la Constitución Política  impulsada y promulgada por el propio Gobierno; y cuyos resultados (del referéndum) el Presidente prometió honrar. Pero apenas el conteo de este plebiscito comenzó a mostrarse contrario a los intereses gubernamentales, la palabra mentira estalló en los labios oficiales.

Pese a todo ello, el Ejecutivo acaba de proponer una Ley de la Mentira contra los medios y las redes sociales. “Falta completar nuestra Constitución, ya tenemos la ley contra la corrupción, falta la ley contra la mentira”… declaró el Mandatario, a tiempo de bromear con su intención de exigir a los periodistas que presenten su carnet de adición al partido oficialista para ver si son “antiimperialistas o proimperialistas”. Es decir, exigiendo, en “broma”, sumisión a un rubro que por naturaleza debe ser crítico. Mientras tanto, el equipo gubernamental detrás de las redes sociales miente descaradamente, incluso con perfiles falsos.