A pocos días de las elecciones generales del 17 de agosto, bolivianos en el exilio mantienen viva la esperanza de que un cambio político abra las puertas para su retorno, con garantías judiciales y el restablecimiento del debido proceso.

Luis Revilla Herrero, exalcalde de La Paz y acusado en el caso del presunto sobreprecio de los buses PumaKatari, vive fuera del país desde 2022. Afirma que su regreso depende de una reforma profunda en la administración de justicia:

“No se trata de anular casos, sino de que se consideren las pruebas, los descargos y los documentos que tenemos para demostrar nuestra inocencia. Queremos que los procesos se lleven en estricta legalidad y con garantías reales”, señala.

Revilla advierte que la crisis no es solo económica, sino también institucional y moral: “Es necesario reconstruir las instituciones que se han venido abajo estos últimos años”. Desde el exterior, asegura que ha podido estabilizarse económicamente con proyectos de vivienda popular, pero reconoce el costo humano: “Dejé a mi hija mayor y a mi madre en Bolivia. Es un desarraigo muy duro que comparten miles de compatriotas”.

Al otro lado del Atlántico, Hugo Carvajal Donoso, exministro y refugiado político en España desde 2009, coincide en que el cambio de rumbo del país pasa por sanear la justicia. Bajo asilo otorgado por la ONG Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM), recuerda que su salida fue consecuencia de un proceso judicial que, asegura, estuvo manipulado políticamente.

“No eludo un proceso, pero quiero un tribunal independiente, sin amaño ni presión. La democracia debe ir de la mano con una profunda reforma judicial, que devuelva credibilidad a las instituciones y abra las puertas para el regreso de miles de exiliados”, sostiene.

Carvajal advierte que el expresidente Evo Morales “no está derrotado” y que podría reorientar su influencia hacia las elecciones subnacionales, “buscando control territorial en gobernaciones y municipios”.

Ambos coinciden en que el 17 de agosto no solo se define un gobierno, sino también la posibilidad de que cientos de bolivianos dispersos por el mundo puedan volver a pisar su tierra con la certeza de que serán escuchados y juzgados bajo el marco del debido proceso.