Unos mil exiliados, entre otros los ministros del gabinete de Gonzalo Sánchez de Lozada que tuvieron que salir del país una vez que el gobierno de Evo Morales inició un proceso contra ellos, tienen esperanzas de volver a Bolivia tras las elecciones de este domingo. Algunos están fuera desde 2003, cuando cayó el segundo gobierno de Sánchez de Lozada.

Junto con ellos, alrededor de 200 presos políticos, acusados por los hechos de represión de 2019, también aguardan esperanzados un cambio electoral que les permita avizorar su liberación, ya sea mediante la anulación de sus procesos o una amnistía general.

La lista de presos políticos están encabezados por la expresidenta Jeanine Añez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exdirigente cívico potosino Marco Pumari. Los tres están acusados de un supuesto golpe de Estado que nunca existió.

Entre los exiliados están quienes viven en ciudades como Lima, Madrid y Washington; ellos también siguen atentamente los resultados del proceso electoral, que podría concluir con una victoria de los candidatos opositores sobre los que representan a la órbita del MAS.

Autoridades de la gestión del segundo gobierno de Sánchez de Lozada (2002-2203) han sido acusadas por fiscales durante el gobierno de Evo de distintos delitos. Los que fueron ministros, por haber firmado un decreto supremo que autorizaba a las FFAA actuar contra las protestas que se produjeron por la posible venta del gas a Chile. En la represión policial y militar que se produjo murieron 67 personas.

La defensa de los ministros indicó que estos solamente habían autorizado la actuación de las FFAA, no que personas fueran asesinadas, pero el gobierno de Morales inició de todas maneras los procesos legales. Algunos acusados, sobre todo jefes militares, fueron detenidos durante años, pero la mayoría logró salir del país. Desde entonces han logrado rehacer sus vidas en el exterior, pero con alto costo personal.

Entrevistado por Iván Ramos, del programa Periodismo que Cuenta, de Sucre, el exministro Hugo Carvajal afirma en que el cambio de rumbo del país pasa por sanear la justicia. Bajo asilo promovido por la ONG Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM), reafirma que su salida fue consecuencia de un proceso judicial “manipulado políticamente”.

“No eludo un proceso, pero quiero un tribunal independiente, sin amaño ni presión. La democracia debe ir de la mano con una profunda reforma judicial, que devuelva credibilidad a las instituciones y abra las puertas para el regreso de miles de exiliados”, sostiene.

Carvajal advierte que el expresidente Evo Morales “no está derrotado” y que podría reorientar su influencia hacia las elecciones subnacionales, “buscando control territorial en gobernaciones y municipios”.

Ha habido también otros acusados, esta vez por el gobierno de Luis Arce, como el exalcalde de La Paz, Luis Revilla, sindicado de por el presunto sobreprecio de los buses PumaKatari y quien vive en Brasil desde 2022.

Ramos conversó con él, quien afirmó que su regreso depende de una reforma profunda en la administración de justicia: “No se trata de anular casos, sino de que se consideren las pruebas, los descargos y los documentos que tenemos para demostrar nuestra inocencia. Queremos que los procesos se lleven en estricta legalidad y con garantías reales”, señaló.

Revilla advirtió que la crisis que vive el país no es solo económica, sino también institucional y moral: “Es necesario reconstruir las instituciones que se han venido abajo estos últimos años”.

Aseguró en la entrevista que ha podido estabilizarse económicamente llevando adelante proyectos de vivienda popular, pero reconoce el costo humano: “Dejé a mi hija mayor y a mi madre en Bolivia. Es un desarraigo muy duro que comparten miles de compatriotas”.

Carvajal y Revilla coinciden en que el 17 de agosto no solo se define un gobierno, sino también la posibilidad de que cientos de bolivianos dispersos por el mundo puedan volver a pisar su tierra con la certeza de que serán escuchados y juzgados bajo el marco del debido proceso.