En entrevistas con el CPJ, periodistas, editores, asociaciones de prensa y la Defensoría del Pueblo expresaron escasa confianza en que el MAS o las figuras de la oposición reviertan años de censura, presión económica y violencia. Algunos temen que una victoria del MAS consolide las prácticas autoritarias, mientras que otros advierten que un gobierno conservador también podría traer represalias políticas. “Más allá de quién esté en el poder, no puedo confiar en nadie para que defienda los valores democráticos”, dijo Juan Armando Macías, editor digital de Radio Erbol.

Falta protección

Según la CPJ, en los últimos cinco años, Bolivia ha experimentado un alarmante aumento de la violencia contra periodistas, especialmente aquellos que cubren protestas y conflictos por tierras. Según los reportes, las agresiones han sido perpetradas por simpatizantes del partido gobernante MAS, líderes sociales y grupos organizados. 

Para los periodistas, cubrir manifestaciones es especialmente peligroso debido al uso generalizado de dinamita, una práctica que se volvió más común después de que fuera despenalizada en 2016 bajo el gobierno de Morales. En 2019, el camarógrafo Daynor Flores Quispe resultó herido mientras cubría enfrentamientos entre manifestantes y policías en La Paz.

El 3 de mayo de 2025, la periodista Ángela Ninoska Mamani y su hijo, el camarógrafo Dahan Joaquín Vedia, fueron agredidos mientras cubrían una protesta en Quillacollo, cerca de Cochabamba, contra la operación de camiones de basura. La manifestación se tornó violenta cuando un grupo progubernamental atacó tanto a los manifestantes como a miembros de la prensa. Mamani fue golpeada y robada, y las cámaras de Vedia fueron sustraídas. Según relató Mamani, la policía la presionó para que mediara con su agresor, quien luego la amenazó con violencia sexual.

El 28 de octubre de 2021, siete periodistas de diferentes medios bolivianos cubrían un conflicto por tierras en la provincia oriental de Guarayos cuando fueron emboscados por un grupo de hombres armados. Los atacantes abrieron fuego, golpearon a los periodistas, destruyeron su equipo y mantuvieron cautivos a seis de ellos durante casi siete horas. El caso se conoció como “Las Londras”, por el nombre de la propiedad donde ocurrió el ataque.

Percy Suárez, uno de los periodistas agredidos, contó que la televisora para la que trabajaba entonces no presentó una denuncia formal ni le brindó apoyo. El proceso judicial se retrasó en repetidas ocasiones y no fue sino hasta casi cuatro años después, el 9 de julio de 2025, que el juicio comenzó oficialmente. Posteriormente fue suspendido cuando tres de los atacantes solicitaron ser juzgados bajo la justicia indígena, un sistema legal reconocido por la Constitución que permite a los pueblos indígenas administrar justicia de acuerdo con sus propias normas y costumbres dentro de su territorio.

“No me voy a rendir”, dijo Suárez al CPJ. “Logré grabar los rostros de los atacantes y siempre lucharé por justicia”.

Silvana Vicenti, periodista independiente que cubre temas ambientales y conflictos por tierras, relató haber recibido amenazas tras investigar la venta de territorio indígena a una supuesta micronación llamada Kailasa. Después de que la historia se difundiera en marzo de 2025, un líder comunitario al que había entrevistado le envió un mensaje advirtiendo: “No sabes con quién te estás metiendo”. Días después, representantes de Kailasa se presentaron supuestamente en la redacción. “Me sentí insegura”, contó al CPJ, “pero no confiaba lo suficiente en las autoridades como para denunciarlo”.

Los periodistas afirman que sus medios rara vez les brindan asistencia legal, protocolos de seguridad o apoyo emocional tras incidentes violentos. “Estamos completamente solos. No hay protección, no hay seguimiento, no hay consecuencias”, dijo un reportero.

Las asociaciones de prensa que denuncian ataques en comunicados públicos suelen ser las únicas voces que expresan preocupación.