El régimen que nos gobierna, hace dos sexenios consecutivos, ha empleado constantemente el artificio en buena parte de sus actos políticos, comenzando por disfrazar de nacionalización una “novación” o cambio de contratos petroleros, pues las empresas transnacionales de explotación de hidrocarburos están operando sin pausa en el país, con alguna diferencia en los contratos con el Estado.

El gobierno apareció con un discurso “indigenista”, sosteniendo que nunca antes se había hecho algo por estos grupos sociales, cuando los gobiernos de la Revolución Nacional de 1943-1946, 1952-1964 implementaron políticas liberadoras de la condición de “siervos de la gleba” en la que estaban los indígenas, catalogados como “pongos”, para luego reprimirlos en su marcha (Chaparina) demandando la defensa de sus hábitat en regiones declaradas de reserva y conservación, como son los parques naturales y de biodiversidad.

El discurso “pachamamista” o defensor de la tierra, que expuso el presidente-candidato en los foros internacionales, para luego arremeter contra la madre tierra para explorar y explotar hidrocarburos o la pretensión de construir grandes represas en cursos de agua para generar energía eléctrica y luego venderla al mercado exterior, si fuera posible por la distancia.

Haber hecho aprobar la Constitución Política del Estado Plurinacional por la oposición entonces importante en el Órgano Legislativo, con acuerdos y compromisos luego incumplidos y festejados por la “estrategia envolvente” (como la definió el vicepresidente), que impediría las reelecciones presidenciales, con el argumento de que el primer período fue en la República de Bolivia y en consecuencia no fue tomado en cuenta en cuanto a la prohibición constitucional.

Hablar de democracia cuando no se es demócrata, y se controla partidariamente todo el aparato administrativo del Estado, incluyendo todos sus órganos, de tal suerte que el esquema de gobierno no es demócrata, sino de “democradura”, es decir un régimen con visos autoritarios, disfrazado de democracia.

Aumentar los años de prescripción de obligaciones tributarias, que el Código Tributario fija en 4 años, a 8 y 10, en leyes de aprobación de presupuestos anuales, es decir introducir “de contrabando” un cambio de lo dispuesto en una ley, en otra de contenido distinto.

Efectuar elecciones y convocatorias a consultas ciudadanas, con fraude electoral y además luego desconocer si esos resultados son adversos, como las dos elecciones para elegir a los Jueces superiores del Órgano Judicial, en lo que la mayoría abrumadoramente votó en blanco y nulo y asimismo fueron posesionados los “masistrados” con bajísimo respaldo popular y desconocer el último referéndum, en el que el pueblo dijo ¡NO! a la intención de postular a un nuevo mandato de la dupla gobernante, y que no ha sido acatado, pese a su carácter vinculante.

Finalmente la promulgación de una ley sobre partidos políticos, cuyo contenido tramposo no es otro que pretender legitimar la candidatura oficial para un nuevo período en 2019, por encima de lo prescrito por la Constitución y la voluntad del pueblo expresada en el voto soberano.

Las “trampas” tienen por finalidad el engaño y en el caso nuestro el engaño al pueblo, al que los gobernantes le atribuyen un alto grado de “estulticia”, cuando no hay más estulto que el que cree que todos lo son.

Las trampas y engaños en estos años han sido tantos que sólo podemos decir: “a más trampas, más resistencia”.