“Los sucesivos gobiernos han tratado al Estado como su propiedad, manipulando la información pública según sus intereses”, denunció.

La propuesta establece la transparencia total de todos los contratos, acuerdos y convenios firmados por el Estado con actores nacionales e internacionales. Además, obliga a que la documentación que los sustente sea publicada de forma íntegra. Los funcionarios que incumplan esta disposición enfrentarán sanciones por desacato y otros delitos relacionados.

Doria Medina señaló que la falta de acceso a información fue usada como herramienta de control político. “Bajo el MAS, incluso parlamentarios oficialistas han votado a ciegas por falta de datos”, afirmó. Puso como ejemplo los contratos del litio –declarados “secretos de Estado”– y el caso del BCB y YPFB, que ocultaron información clave sobre las reservas internacionales y de gas, agravando la crisis económica actual.

El decreto también anula el acuerdo de cooperación en defensa con Irán, firmado por un anterior gobierno del MAS, calificándolo como otro ejemplo de decisiones tomadas en secreto y con riesgo para el país. En la misma línea, ordena al Banco Central y a YPFB divulgar sin demora datos económicos y energéticos, y a la ASFI publicar la identidad de los accionistas detrás de las sociedades controladoras de los bancos.

Otra medida relevante es la transformación de las rendiciones de cuentas en espacios reales de debate institucional y la garantía de acceso total para periodistas a la información del Ejecutivo. Asimismo, se obliga al INE a abrir sus bases de datos y se instruye a las autoridades a institucionalizar los centros de análisis y diagnóstico bajo criterios de uso público de la información.

Este documento también incluye una exhortación al Poder Judicial para facilitar el acceso a los procesos judiciales, limitando la reserva solo a casos que puedan revictimizar. Asimismo, Doria Medina se comprometió a que el presidente brinde una conferencia de prensa semanal con preguntas abiertas.

Se trata del segundo decreto planteado por Doria Medina luego de “Se acabó la fiesta” con el que se plantean recortes presupuestarios en lo que al manejo estatal se refiere.