En medio de una crisis multidimensional, las expectativas de los bolivianos están depositadas en el proceso electoral, sin embargo, el informe «Del desencuentro a la crisis: Conflictividad Política en Bolivia», elaborado por la Fundación UNIR, advierte que el país se encuentra en una encrucijada compleja, donde las perspectivas de salida dependen de decisiones aún inciertas.

El informe, presentado en julio y basado en más de 40 entrevistas a actores políticos clave, no plantea escenarios cerrados, sino cuatro perspectivas posibles que podrían materializarse según el devenir de los hechos. El primero es un malestar político y vulnerabilidad económica, donde se presentan las elecciones con resultados poco creíbles, protestas, altercados y debilitamiento del nuevo gobierno.

El segundo escenario es una gobernabilidad estable y recuperación, que, según los autores, es el panorama ideal, con resultados aceptados y acuerdos que permitan reducir la conflictividad. El tercero es una crisis y descomposición, donde se impugnan los resultados, hay escasez de divisas y combustibles, inflación y estallido de protestas generalizadas. Y, el cuarto escenario es el de la parálisis económica y gobernabilidad frágil, donde hay elecciones aceptadas, pero sin capacidad de acción del nuevo gobierno por la crisis económica.

Para el investigador Huascar Pacheco, uno de los autores del estudio, la más probable en este momento es la de una gobernabilidad frágil, un escenario donde, a pesar de que se celebren las elecciones, los factores económicos y políticos mantendrán un clima de tensión e inestabilidad.

«Por ahora, parecería que llegaremos al 17 con complejidades, pero llegaremos. Se elegirán candidatos y ahí es donde entra la perspectiva de la gobernabilidad frágil, por el contexto económico y político que se está viendo», afirmó Pacheco en entrevista con Sumando Voces.

Respecto a la situación de conflictividad en Bolivia, el informe señala que en los últimos dos años, Bolivia ha atravesado una etapa de conflictividad política marcada no solo por el aumento de las protestas, sino por una transformación profunda en sus formas, actores y motivaciones. Las movilizaciones dejaron de ser meramente sectoriales para convertirse en expresiones más complejas de malestar social, donde convergen demandas económicas, disputas partidarias, tensiones territoriales y reclamos por representación política. Este fenómeno, dice el informe, se da en un contexto de institucionalidad frágil, afectada por el descrédito del sistema judicial, la parálisis legislativa y la fragmentación interna del MAS, el partido que gobernó de forma hegemónica durante casi dos décadas.

También se identifica que este ciclo de conflictividad se sustenta en seis campos principales: la judicialización de la política, la crisis interna del MAS, la crisis de representación, la parálisis institucional, la desconfianza electoral y el agravamiento de la crisis económica. El documento establece que uno de los aspectos más alarmantes es el uso cada vez más frecuente de la justicia como herramienta de disputa política, desplazando los conflictos del ámbito legislativo o partidario a los estrados judiciales.

La conflictividad no se distribuye de manera homogénea en el país. Zonas como el Trópico de Cochabamba, el norte de Potosí y El Alto concentran múltiples capas de conflicto, muchas de ellas vinculadas a la disputa interna entre las facciones de Evo Morales y Luis Arce. Mientras tanto, emergen nuevos actores ciudadanos, colectivos autoconvocados y organizaciones vecinales que cuestionan la falta de representación y exigen cambios en la forma de hacer política. Este entramado de tensiones ha erosionado los canales tradicionales de mediación y abre interrogantes sobre la capacidad del sistema político para generar una salida legítima y democrática a la crisis.

«La crisis política y la crisis económica han generado de cierta manera una crisis constitucional también. Estas condiciones no solo han detonado conflictos sectoriales, sino que han actuado como catalizadores de disputas políticas más amplias», refiere la entrevistada Luciana Jáuregui.

El informe también identifica tres riesgos graves que podrían desatar una nueva ola de inestabilidad si no son desactivados. El primero es el boicot a las elecciones, especialmente desde sectores radicales que buscan erosionar la legitimidad del proceso. El segundo es la frustración de expectativas, pues si el nuevo gobierno no ofrece alivio económico inmediato, podrían activarse protestas de alta intensidad. Y, el tercero es la alta conflictividad política y económica, una espiral de crisis institucional, polarización y desconfianza que se retroalimenta y bloquea cualquier intento de solución.

Según Pacheco, el tema económico ha dejado de ser solo un telón de fondo y se ha convertido en un catalizador activo de la conflictividad. En los últimos dos años, explica, ha adquirido nuevas características, al ser instrumentalizado políticamente y tensionar aún más un sistema institucional frágil. “La economía es esa línea delgada que, si se rompe, puede desencadenar toda la conflictividad que hoy está contenida”, advierte. Para el investigador, la presión social no ha desaparecido, simplemente ha sido postergada a la espera del desenlace electoral.

Actualmente, muchos actores —incluidos sectores corporativos con fuerte capacidad de movilización— han contenido su protesta a la espera del 17 de agosto o de una eventual segunda vuelta. Sin embargo, si el nuevo gobierno no logra enviar señales claras de alivio económico en sus primeros días, existe un alto riesgo de que esa conflictividad contenida resurja con fuerza. “Todas estas expectativas se pueden resquebrajar muy rápidamente”, alerta Pacheco, quien también advierte sobre el impacto que tendría una mayor escasez de combustibles o divisas.

El estudio identifica como riesgo central la posibilidad de que el nuevo gobierno —probablemente electo en segunda vuelta— no cuente con la legitimidad ni el respaldo político necesarios para enfrentar una crisis económica severa. Con indicadores que alertan sobre un crecimiento estancado, una inflación cercana al 10%, una caída histórica de reservas internacionales y un déficit fiscal en alza, la economía se ha vuelto una amenaza directa para la estabilidad política. Según Pacheco, el malestar económico acumulado actúa como catalizador de la conflictividad social, y puede reactivarse en cualquier momento si no se responden las expectativas ciudadanas.

Pero, ¿cómo evitar el colapso? La Fundación UNIR no solo diagnostica, sino propone. Para desactivar estos riesgos, Pacheco subraya la necesidad urgente de recuperar el diálogo democrático y reconstruir las instituciones públicas como mecanismos de mediación. Indicó que necesitan volver a tener esos «terceros» que acerquen posiciones en momentos de alta conflictividad, para que la violencia no sea la única salida.

El informe, que fue elaborado con el apoyo de la Embajada de Suecia, concluye que la clave está en asegurar un proceso electoral íntegro y aceptado, pactar acuerdos mínimos entre actores políticos y sociales, y restaurar la confianza en las instituciones. De lo contrario, Bolivia podría enfrentar una nueva crisis de gobernabilidad de gran envergadura. «La historia del país muestra una capacidad de salir de la oscuridad, y a ello hay que apostar», refiere el documento en una cita destacada de Miguel Castro, uno de los entrevistados.