El exconcejal paceño Omar Rocha afirmó este domingo que el exalcalde de La Paz Juan del Granado, enfrenta un proceso de repetición por el denominado “caso Brun” del año 2000, en el que la Contraloría General del Estado le atribuye un daño económico de más de 19,9 millones de bolivianos. Según Rocha, el proceso —registrado con el NUREJ: 20285461 ante el Juzgado 5º Coactivo Fiscal— permanece paralizado desde hace seis años, sin que las autoridades competentes actúen al respecto.

Aclaró que se trata de un juicio en proceso, sino una acción de cobro del Estado a una exautoridad en base a una sentencia ejecutoriada, por lo que anunció que a partir de este martes iniciará una cruzada visitando la Contraloría, Procuraduría, Alcaldía de La Paz para saber por qué no están cobrando esa deuda.

Sostuvo que esa acción dilatoria es muestra de la habilidad de Juan del Granado de ser aliado político de todos los gobiernos de turno para evitar que le caiga el peso de la justicia.

Lamentó, además, que Del Granado vuelva a la política como candidato a diputado por la circunscripción 9 de La Paz, esta vez en alianza con Samuel Doria Medina quien “está ayudando a que Juan del Granado muera impune y no pague lo que le debe a La Paz”.

Criticó que el exalcalde haya sido habilitado como candidato sin contar con solvencia fiscal, pese a que, según aseguró, existe una sentencia ejecutoriada en su contra. “¿Qué va a apelar si el proceso ya está ejecutoriado?”, cuestionó, en referencia al recurso de apelación presentado por Del Granado ante el Tribunal Supremo Electoral para ser habilitado.

Rocha - alcalde interino diciembre 2014 a mayo de 2015 - lamentó que el Tribunal Supremo Electoral no haya solicitado información a la Contraloría sobre la existencia de esta sentencia ejecutoriada, especialmente luego de inhabilitar a Jaime Dunn.

Sin embargo, anunció que desde este lunes iniciará una verificación institucional y el martes visitaría al Tribunal Supremo Electoral para hacerle entrega de la documentación que respalda sus denuncias.

El caso Brun se originó en la demolición de una vivienda en la zona de Bajo San Luis en el año 2000, durante la gestión de Del Granado como alcalde. Aunque el municipio alegó que el predio estaba en área pública, la justicia falló en todas las instancias a favor de la familia Brun. En 2015, ya durante la gestión de Luis Revilla, la Alcaldía se vio obligada a pagar más de 20 millones de bolivianos como indemnización, tras el congelamiento de sus cuentas.

La Contraloría General del Estado, mediante un comunicado del 4 de junio de 2019, informó que inició un proceso coactivo contra Del Granado y otros exservidores municipales, a quienes identificó como responsables del daño económico al Estado por un total de Bs 19.924.748.

Aunque la documentación fue entregada a la Alcaldía el 4 de abril de ese año, esa entidad respondió en mayo que no iniciaría la acción coactiva fiscal. Ante esta negativa, la Contraloría presentó directamente la demanda coactiva ante el Juzgado 4° de Partido Administrativo.

Cabe recordar que, en 2019, el entonces diputado del MAS, Remberto Calani, presentó una denuncia contra Luis Revilla y Juan del Granado por el presunto delito de daño económico al Estado dentro del caso Brun. Calani precisó que el monto involucrado supera los Bs 19,9 millones, pagados por el municipio como indemnización a la familia Brun por la demolición de su vivienda.