Aunque la noticia latinoamericana del momento sea el éxodo de más de 2.3 millones de personas de Venezuela y la muerte de más de 300 manifestantes antigubernamentales en Nicaragua, es hora de que también prestemos atención a otro país que se encamina rápidamente hacia el totalitarismo: Bolivia.

El presidente boliviano Evo Morales anunció la semana pasada que presentará al Congreso, donde goza de una cómoda mayoría, una “ley contra la mentira” para penalizar las noticias que no le gusten a su gobierno.

En varias declaraciones en las últimas semanas, Morales dijo que propondrá el proyecto de ley para “castigar a los mentirosos”. La Sociedad Interamericana de Prensa ha denunciado que el proyecto impondría oficialmente la censura a los medios.

Es irónico que Morales se atreva a plantear públicamente el tema de la mentira. El presidente boliviano ha prometido en repetidas ocasiones retirarse después de terminar el mandato que le permite la constitución, solo para luego cambiar la constitución arbitrariamente y quedarse en el poder.

Morales asumió el cargo en enero de 2006 y ahora busca un cuarto mandato de cinco años en las elecciones del año próximo, lo que le permitiría quedarse hasta enero de 2025.

Después de cambiar la constitución en 2009 para poder postularse, Morales convocó un referéndum en 2016 para cambiar la constitución nuevamente, y prometió repetidamente que acataría el resultado de la consulta.

Pero Morales perdió el referéndum de 2016 y rompió su promesa. Su argumento parece un chiste: ha invocado tramposamente el artículo 23 de la Convención Inter-Americana de Derechos Humanos, según el cual todas las personas tienen el derecho a aspirar a un cargo público. 

Es una trampita que también ha sido usada por los gobernantes de Nicaragua y Honduras para justificar reelecciones no permitidas por la constitución.

El ex presidente boliviano Jorge “Tuto” Quiroga, ahora en la oposición, me dijo que “si Morales aprueba su ‘ley contra las mentiras’, tendría que ser el primero en ir a la cárcel, porque es el mayor mentiroso de Bolivia”.

Quiroga agregó que Morales “mintió tres veces sobre un tema clave, como su límite de mandato como presidente, sin mencionar todas sus otras mentiras”.

Entre otras cosas, Morales mintió varias veces cuando se enfrentó a un escándalo que involucró a una mujer que supuestamente obtuvo cientos de millones de dólares en contratos del gobierno, y con quien presuntamente tuvo un hijo. El gobierno de Morales primero negó que Morales fuera el padre del niño, luego dijo que era verdad, y finalmente afirmó que el niño había muerto. Todavía no sabemos qué historia es verdadera.

No es coincidencia que Morales persiga lo que queda de los medios independientes de Bolivia. “Al igual que los gobernantes de Venezuela y Nicaragua, sus mayores aliados, ya no cuenta con el apoyo ni el dinero que alguna vez tuvo”, me dijo Quiroga.

Estados Unidos y los países latinoamericanos deberían denunciar el plan de Morales de tomar medidas enérgicas contra los medios independientes. Deben invocar varias convenciones interamericanas que comprometan a los países signatarios, incluido Bolivia, a respetar las normas democráticas y la libertad de expresión.

Desafortunadamente, bajo el presidente Donald Trump, Estados Unidos no tiene autoridad moral para liderar en este tema. El mismo Trump ha llamado a los medios de Estados Unidos “el enemigo de la gente” y casi a diario caracteriza las críticas contra su gobierno como “noticias falsas”. Al hacerlo, Trump ha envalentonado indirectamente a los dictadores de todas las tendencias ideológicas para atacar a la prensa libre.

Además, a medida que se acercan las elecciones bolivianas de 2019, los gobiernos latinoamericanos deben solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emita una decisión clara sobre si los presidentes pueden usar sus cláusulas de derechos humanos como una excusa para mantenerse en el poder indefinidamente.

“Esta farsa de presidentes que usan sus derechos humanos personales como una justificación para las reelecciones indefinidas debe llegar a su fin”, dice Carlos Sánchez Berzaín, un exiliado político boliviano y ex ministro del gobierno. “Es un truco legal que se está utilizando para un plan criminal”.

Es hora de que la comunidad diplomática de la región hable sobre el golpe de Estado en cámara lenta que está teniendo lugar en Bolivia, antes de que se convierta en una crisis como la de Venezuela o Nicaragua.