En el primer debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los ocho candidatos coincidieron en la necesidad de fortalecer la salud, la educación y la protección social, aunque con marcadas diferencias sobre cómo lograrlo. Las propuestas oscilaron entre la descentralización de competencias, la creación de nuevos ministerios y la implementación de programas específicos para mujeres, jóvenes e indígenas.

Los postulantes se refirieron a esos temas durante el segundo eje del debate: desarrollo institucional y social.

Desde el oficialismo, Eduardo Del Castillo (MAS) defendió los bonos sociales como el Juancito Pinto, la Renta Dignidad y el Juana Azurduy, afirmando que son conquistas que otros candidatos “nunca van a invertir en salud ni educación”. Reivindicó que su partido trajo un “nuevo equipo de trabajo para no volver al pasado”.

Rodrigo Paz (PDC) planteó redistribuir los recursos de salud y educación —30 mil millones de bolivianos cada uno— a favor de las regiones, mientras Samuel Doria Medina (Unidad) propuso un plan para combatir el feminicidio que incluye sanciones tecnológicas a agresores y apoyo económico a pueblos indígenas mediante capital semilla.

Pavel Aracena (ADN) anunció un “Ministerio de la Familia y la Salud” y beneficios tributarios para empresas de mujeres y jóvenes, junto con internet satelital para maestros e incorporación de inteligencia artificial en la educación. Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) llamó a “renovar el país” y criticó a quienes “fueron gobierno mientras comunidades seguían en hambre”.

Manfred Reyes Villa (APB-Súmate) ofreció destinar el 10% del PIB a salud y descentralizar su gestión, mientras que Jhonny Fernández (UCS) apostó por la digitalización de servicios y la descentralización en educación, salud y seguridad ciudadana.

Jorge “Tuto” Quiroga (Libre) planteó una Defensoría del Pueblo independiente y un programa de estabilización económica para frenar la inflación que, dijo, “golpea a la gente de menos recursos”.

Aunque todos reconocieron la urgencia de mejorar la calidad de vida y garantizar derechos, las discrepancias surgieron en el nivel de control estatal y la distribución de competencias, marcando dos grandes visiones: una que prioriza la centralidad del Gobierno y otra que busca trasladar el poder y los recursos a las regiones y municipios.