Tres estudios de caso sobre el empoderamiento de mujeres rurales muestran un perfil de alto avance a nivel normativo, pero una escasa aplicación para beneficio de las mujeres, según una de investigación de Enfoque Territorial.

El estudio al que tuvo acceso la Fundación de Investigación Estratégica para Bolivia es parte de otro conjunto de investigaciones que incluyen a cinco países (Colombia, Perú, Chile, Guatemala, Paraguay) por impulso de ONU-Mujeres, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la FAO y el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp).

BOLIVIA

Los casos escogidos para Bolivia están vinculados a intervenciones realizadas por instancias gubernamentales, organismos cooperantes y no gubernamentales. Un estudio trabaja sobre la cuenca lechera y mercados rurales, el otro aborda la situación de mercados rurales en el Valle de los Cintis y el último identifica las políticas públicas con enfoque territorial en la región metropolitana de Kanata (Cochabamba).

“La principal conclusión es que la política pública central y las instituciones centrales deben volver a mirar a los territorios. Si no miramos a los territorios vamos a seguir formulando políticas públicas pensadas desde el escritorio”, dijo Claudia Ranaboldo, investigadora con amplia experiencia de trabajo en el Rimisp.

Entre las conclusiones amplias figura la necesidad de una mayor sinergia entre el enfoque territorial y el enfoque de género. Ranaboldo comentó que en Bolivia se tiene una normativa más avanzada en comparación con otros países de América Latina, pero existe la necesidad de trabajar mejor en el enfoque territorial y de género.

El mencionado enfoque permite la inclusión de ciudadanos y de territorios rezagados, parte de la visión de la riqueza (capacidades y patrimonio activo) y no de la pobreza, apuesta por la expansión de las capacidades de los actores territoriales y reconoce que existen recursos como las identidades culturales, el patrimonio cultural y la biodiversidad (patrimonio biocultural) que no han sido considerados en procesos de desarrollo.

El investigador Sergio Antezana expuso una exhaustiva información y análisis sobre indicadores económicos y sociales relativos a las mujeres, con énfasis en las mujeres de origen rural y adscripción étnica.

Como comentarista del estudio, Fernanda Wanderley propuso la pregunta ¿por qué y cómo es posible que tengamos marcos normativos tan avanzados y, por otro lado, tan poca ejecución efectiva de los mismos?

Una mirada desde otro enfoque podría mostrar, al contrario de un país avanzado en leyes, un país más atrasado que sus vecinos en cuanto a políticas aplicadas en la realidad en beneficio de las mujeres.

Para la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres – ONU Mujeres si bien las leyes y políticas constituyen la base de un enfoque integral y coordinado para erradicar la violencia contra las mujeres, a pesar de que en la actualidad existe un número históricamente elevado de leyes y políticas contra la violencia, su aplicación aún está rezagada.

En este sentido dieron a conocer que las medidas para fortalecer la implementación eficaz deben incluir la capacitación de los funcionarios y funcionarias que se ocupan de los casos de violencia contra las mujeres, la aplicación de mecanismos de monitoreo y evaluaciones del impacto así como rendición de cuentas y una mejor coordinación. También es esencial que se asignen recursos humanos y financieros suficientes.(Agencias)