Brújula Digital presenta la cuarta entrega de su ciclo dedicado a la educación electoral con miras a las elecciones generales, que se realizarán este 17 de agosto. En el marco del derecho al voto informado que tiene los bolivianos y bolivianas, en este espacio se desarrolla los programas de gobierno que los partidos políticos y alianzas presentaron ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

En esta nueva entrega se aborda las propuestas electorales desarrolladas en torno a la justicia boliviana, actualmente cuestionada en su credibilidad desde todos los ámbitos de la sociedad civil.

En ese contexto, los candidatos presidenciales coinciden en anular las elecciones de magistrados por voto popular para apostar por una selección meritocrática de las autoridades que dirigen la justicia. De la misma forma proponen la limitación de las atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y hasta su eliminación y plantean un incremento en el presupuesto del Órgano Judicial, como una forma de garantizar su independencia.

Los aspirantes a la silla presidencial boliviana también ofrecen – de ganar las elecciones – implementar escuelas o institutos para la actualización y constante evaluación de los operadores de justicia, esto en cuanto a sus conocimientos y su ética profesional.

La justicia indígena tiene su espacio en las propuestas electorales. Se plantea, por un lado, su integración a la justicia ordinaria y, por otro, su implementación a través de un reglamento.

Justicia vilipendiada 

Durante la gestión de gobierno del MAS (2005-2025) se implementó uno de los cambios más significativos a la justicia boliviana: la elección de las autoridades judiciales a través del voto directo de la población. 

El mecanismo de selección, implementado desde 2011 (ya se llevaron adelante tres elecciones) se ha caracterizado, desde su inicio, por una alta presencia del voto nulo de la gente y por los fuertes cuestionamientos a la forma cómo en la Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, se selecciona a los candidatos. El caso “chanchullos” de la diputada masista Patricia Arce es uno de los ejemplos que daño el proceso.

En la administración de la justicia se han hecho públicos una cantidad innumerable de casos de corrupción protagonizados por jueces fiscales que han y dejan numerables víctimas. La dependencia del poder político es algo innegable, lo mismo que la actuación por encima de la Constitución y otras normas por parte de algunas autoridades judiciales. El caso de los magistrados “autoprorrogados” del TCP ilustra ese capítulo. Éstos se mantienen en sus funciones pese a que éstas concluyeron el 1 de enero de 2024.   

A continuación, se presenta una recopilación de las ofertas electorales de las alianzas y partidos para reformar la justicia boliviana. La información fue obtenida en el sitio web del TSE. 

Alianza para el Pueblo, candidato Jhonny Fernández

En el plan de gobierno de Alianza para el Pueblo no se encuentra un acápite específico relacionado con la justicia. La propuesta hace énfasis en medidas para transparentar la administración estatal: “Se elaborará una ley que obligue a todas las áreas del Estado a publicar información oficial actual e histórica de forma clara, oportuna y permanente (ya no se ocultarán los datos, la información es vital para la toma de decisiones públicas y privadas). Gobierno abierto.

Alianza Libertad y Democracia (Libre), candidato Jorge Tuto Quiroga

La alianza que propone a Jorge Tuto Quiroga como candidato a la Presidencia plantea asegurar la transparencia e independencia del sistema de justicia, en primera instancia, “desmantelando el sistema de elección de los alto cargos del Órgano Judicial” y recomponiendo el Consejo de la Magistratura, “que se convirtió en un mecanismo de generación de empleo”.

La propuesta de Libre se refiere también a un rediseño del órgano de control constitucional y del presupuesto destinado al Poder Judicial para fortalecerlo y ampliar sus servicios a todo el territorio boliviano. 

En cuando a los operadores de justicia, considera la implementación de una carrera judicial y fiscal que garantice estabilidad laborar al buen servidor público y permita identificar al que debe ser apartado del cargo, entre otros.

Propone una coordinación con colegios de profesionales y universidades. En el primer caso para el desarrollo de estándares éticos y el fortalecimiento de programas de capacitación. En el caso de las universidades, se pretende empoderarlas para que ejerzan el control social de las decisiones de los jueces.

Libre mira a las áreas rurales y ofrece desarrollar con los pueblos indígenas, originarios y campesinos una nueva Ley de deslinde territorial.

También propone digitalizar el acceso a la justicia, universalizando el expediente electrónico, las comunicaciones y actuaciones que “acerquen la justicia a la gente”. 

Alianza Popular, candidato Andrónico Rodríguez

Con el objetivo de garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, Alianza Popular promete una reforma integral del sistema de justicia, en la que la supresión de la elección de magistrados por voto popular es fundamental para avanzar hacia una designación meritocracia “con control ciudadano y participación efectiva de las universidades, colegios de abogados y organismos internacionales”.

Plantea dotar a la justicia de un “blindaje institucional ante la injerencia política” a través de presupuestos independientes, estabilidad institucional y mecanismos de resguardo frente a presiones o injerencias

El frente avanza en su propuesta ofreciendo “limitar las atribuciones del Tribunal Constitucional”, sobre todo en lo referido a la restricción de derechos fundamentales. 

Al mismo tiempo asegura – en caso de llegar al gobierno - implementar una unidad fiscal con competencias exclusivas para la investigación y la realización de auditoría (con Inteligencia Artificial) a los casos de corrupción. A esto se suma una rendición pública de cuentas judiciales y la protección de las personas que denuncian hechos de corrupción.

Considera importante fortalecer la formación profesional de los operadores de justicia con la creación, entre otros, de la Escuela Nacional de la Magistratura, haciendo énfasis en la capacitación y evaluación periódica del desempeño y la conducta ética. Una medida complementaria en esa ruta es la reforma y aplicación efectiva del Código de Ética Judicial.

Para asegurar el acceso equitativo y oportuno a la justicia, el programa de Rodríguez se refiere a la red de “casas de justicia” para llegar a las áreas rurales y comunidades indígenas, con jueces itinerantes e intérpretes. Complementa la propuesta con la implementación de una justicia digital y de defensorías gratuitas. 

La alianza afirma que reconocerá la justicia indígena con la aprobación de un reglamento nacional que delimite sus competencias y mecanismos. De la misma forma avanzará en la creación del Tribunal Plurinacional de Coordinación Judicial.             

De la misma forma promete la creación de una unidad de transparencia judicial con participación ciudadana, el descongestionamiento y digitalización de la justicia, entre otros.

Alianza Unidad, candidato Samuel Doria Medina 

El frente que lleva a Samuel Doria Medina como candidato a la Presidencia plantea también una reforma integral del sistema judicial que incluye la despolitización de los procesos de designación de magistrados, jueces y fiscales, mediante la implementación de concursos públicos de méritos supervisados por órganos independientes.

Propone la supresión del Tribunal Constitucional, vía referéndum, y la creación de una sala constitucional especializada, técnica y despolitizada, que se encargará del control de constitucionalidad y del resguardo efectivo de los derechos fundamentales.

Apuesta por una carrera judicial ética y meritocrática con ascensos mediante concursos públicos y evaluaciones permanentes.

Al mismo tiempo piensa en la unificación del sistema judicial con la integración progresiva de la justicia ordinaria y la justicia indígena, en un “sistema único y coherente” con la creación de juzgados mixtos.

Plantea la revisión y auditorías a sentencias contrarias a la Constitución, “especialmente aquellas dictadas bajo presión política o en beneficio del régimen anterior”. Dará prioridad a los casos de persecución política, criminalización de la protesta y vulneración de derechos de grupos vulnerables. Esta revisión incluirá también decisiones del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Supremo de Justicia.

Finalmente, Unidad plantea un “presupuesto suficiente para una justicia eficaz” con la designación del 1% del PIB al sistema judicial.

APB Súmate, candidato Manfred Reyes Villa

La propuesta electoral de Manfred Reyes Villa para el sistema de justicia de Bolivia pasa por un conjunto de acciones que buscan “garantizar una justicia independiente, oportuna y transparente”.

El plan inicia poniendo al centro al operador de justicia, para el cual define un “nuevo perfil profesional”, a partir de la implementación de una nueva carrera judicial basada en el mérito, la ética y la evaluación continua.

En esa línea defiende la designación de magistrados por meritocracia, a través de un tribunal de selección de postulantes para evaluar los méritos de los aspirantes.

Propone un nuevo operador de justicia ético y evaluado constantemente, esto para prevenir y, al mismo tiempo, “desmantelar las redes de extorsión e ineficiencia” que hoy campean en el Órgano Judicial.

Súmate propone la implementación de una serie de mecanismos de resolución de conflictos para evitar la judicialización excesiva, y garantizar una justicia accesible, rápida y confiable.

De ser gobierno, Manfred Reyes Villa indica que implementará un proceso sumarísimo para investigar y sancionar las faltas éticas de los operadores de justicia, y reestablecer la confianza de la ciudadanía en la justicia.

Al mismo tiempo, impulsará la reforma la Ley 387 del ejercicio de la abogacía con el objetivo de digitalizar el registro de abogados para garantizar la libertad de asociación. Creará el “expediente profesional digital” e impulsará la Escuela Nacional de Servidores Judiciales.

Súmate también propone la independencia económica del Órgano Judicial a través de una reasignación presupuestaria “mínima” del 3% del PGE, hoy no llega ni al 1%”, según la alianza.

Libertad y Progreso (ADN), candidato Pavel Aracena

En el programa de gobierno, Libertad y progreso, que promueve la candidatura a la Presidencia de Pavel Aracena, se aborda también la necesidad de una reforma judicial en Bolivia a partir de la designación meritocrática de magistrados. Se propone simplificar las leyes y reducir la necesidad de reglamentos, y eliminar la justicia indígena,

De llegar al gobierno señala que desde el Consejo de la Magistratura establecerá el procedimiento de nominación de magistrados y se normará la carrera judicial apuntando a la especialización.

Libertad y Progreso también es partidaria de incrementar el presupuesto al Órgano Judicial.

Movimiento Al Socialismo (MAS), candidato Eduardo del Castillo

En el programa de gobierno del MAS se plantea como primer punto la independencia judicial a través de un sistema de evaluación y control interno que garantice la “imparcialidad y eficiencia de los operadores de justicia”.  

Al mismo tiempo, ofrece fortalecer los mecanismos de fiscalización para prevenir la corrupción y asegurar el cumplimiento de los plazos procesales.

En el documento se lee que el partido en actual función de gobierno desde 2005 está a favor de una elección de autoridades judiciales de manera “democrática y meritocrática”, con mecanismos como la evaluación continua del desempeño de los jueces y magistrados. Mira a la ciudadanía para que supervise el proceso de elección para garantizar la transparencia del mismo. 

El frente que lleva a Eduardo del Castillo como candidato a la Presidencia también plantea un incremento al presupuesto destinado la Órgano Judicial y su transformación digital a través de la Inteligencia Artificial y otras herramientas tecnológicas. 

Propone la implementación de la “justicia de paz”, que consiste en promover la conciliación judicial y extrajudicial, los arbitrajes y la mediación en todas las áreas. Esto se complementaría con la creación de una red de jueces de paz en zonas rurales y periurbanas.

Lanza la propuesta de fortalecer instancias independientes colegiadas, como escuelas de jueces, de fiscales y abogados”.

En cuanto a la justicia indígena, originaria y campesina   promete su implementación efectiva.

Partido Demócrata Cristiano (PDC), candidato Rodrigo Paz 

El PDC considera que el sistema judicial de Bolivia necesita una urgente reconfiguración para implementar una reingeniería profunda desde la formación profesional de los operadores de justicia. En ese contexto, considera fundamental la institucionalización del Órgano Judicial y, ante todo, del TCP.

Para lograr ese objetivo plantea la creación de una comisión para la reforma judicial “conformada meritocráticamente” y con el apoyo de organismos internacionales; la modernización de la formación jurídica pregradual y postgradual, y la digitalización de la administración de justicia.