A días de las elecciones generales generales en Bolivia, previstas para el 17 de agosto de 2025, surge una pregunta crucial: ¿qué proponen realmente los candidatos en materia educativa? Y más inquietante aún: ¿los votantes han leído estos programas o se guían únicamente por frases pegajosas, jingles publicitarios o el carisma de los candidatos? En un país donde la educación ha sido históricamente un pilar débil, pero esencial para el desarrollo, esta omisión no es menor. Lo que suceda en nuestras aulas hoy, definirá el destino del país en las próximas décadas.

El rezago educativo boliviano tiene raíces profundas. En 1825, apenas el 10% de la población sabía leer y escribir. Para 1952, un 67% sabía leer y escribir. Si bien la cobertura ha mejorado significativamente desde entonces, la calidad del aprendizaje sigue siendo baja y desigual. Durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), el sistema educativo experimentó una transformación polémica: se priorizó la cosmovisión ancestral sobre disciplinas clave como matemáticas, física, química y literatura. Además, la exclusión de Bolivia de pruebas internacionales como PISA ocultó por años un deterioro ahora evidente. Estudios recientes confirman lo que muchos temían: los estudiantes bolivianos retroceden en comprensión lectora, razonamiento lógico y habilidades científicas.

Estos tres programas coinciden en un punto: vincular la educación al territorio mediante la descentralización, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural y el desarrollo local. No obstante, la falta de definiciones en aspectos clave —como formación docente, financiamiento y evaluación de resultados— limita su alcance.

El segundo bloque, centrado en la calidad educativa y la innovación, incluye a Autonomía Para Bolivia-Súmate (APB-Súmate), Unidad Nacional y Libre. Estos partidos proponen una ruptura con el modelo vigente. APB-Súmate, con Manfred Reyes Villa, cuestiona un sistema dominado por el estatismo y propone libertad de enseñanza, alianzas público-privadas, evaluación docente, conectividad digital, educación técnica y formación con enfoque global. Aunque el enfoque es ambicioso, no especifica cómo se financiarán estas reformas, especialmente en regiones con escasos recursos.

Alianza Unidad, liderado por Samuel Doria Medina, plantea una “revolución educativa” basada en el mérito académico, dominio del inglés, competencias digitales y pensamiento crítico. También incluye educación financiera y cultura emprendedora desde la escuela. Su propuesta más audaz es un Acuerdo Nacional por la Educación que una a Estado, familias y maestros en torno a una agenda común. El diagnóstico es sólido, pero la ausencia de plazos e instrumentos concretos de implementación debilita su viabilidad.

Libre (Libertad y Democracia), con Jorge “Tuto” Quiroga, propone reemplazar la ley educativa actual por una nueva normativa enfocada en calidad, tecnología y empleabilidad. Su plan incluye formación técnica desde secundaria, pruebas internacionales y estándares regionales. También aborda problemáticas como las adicciones y la violencia escolar. Sin embargo, al igual que en otras propuestas, faltan metas verificables y un presupuesto definido que garantice su ejecución.

Las propuestas del Partido Demócrata Cristiano (PDC), con Rodrigo Paz Pereira, y de Acción Democrática Nacionalista (ADN), con Pavel Aracena, resultan menos desarrolladas. Aunque coinciden en desideologizar el currículo y adoptar estándares internacionales, no explican cómo lo harán ni enfrentan los posibles obstáculos. Por su parte, La Fuerza del Pueblo, encabezada por Jhonny Fernández, apuesta por mejorar la competitividad laboral mediante evaluaciones docentes y estándares técnicos. Su propuesta, sin embargo, deja de lado elementos clave, como la equidad y el pensamiento crítico.

En síntesis, los planes de gobierno muestran enfoques diversos, pero comparten una debilidad central: la falta de especificidad. La mayoría carece de un plan financiero definido, cronogramas de ejecución y mecanismos de monitoreo. En muchos casos, se parecen más a declaraciones de buenas intenciones que a verdaderas hojas de ruta.

La educación debería ocupar el centro del debate electoral. No solo porque es un derecho humano, sino porque determina el futuro productivo, democrático y social del país. Un sistema que forme ciudadanos críticos, técnicos calificados y emprendedores creativos es la mejor inversión a largo plazo. Por el contrario, una educación débil perpetúa la desigualdad, el desempleo, la migración forzada y la manipulación política.